• Evitarlo era una burla a compromisos electorales y principios programáticos

Los 7 sacrilegios del gobierno PAC de Luis Guillermo Solís

Por Henry Mora *. Como cualquier otro gobierno, el de Luis Guillermo Solís Rivera ha tenido aciertos y desaciertos; tanto de carácter político como de gestión y conducción de la cosa pública. Pero no me quiero referir a ellos en este momento, sino a lo que considero "sacrilegios" que, a pesar de estar contenidos en sus propuestas de campaña, profanaron intereses y estigmas casi sagrados para las élites de los poderes establecidos. Veamos.  

PRIMER SACRILEGIO: IMPUESTO A LA BANCA DE MALETÍN.

Contenido en la reforma a la ley que creó el Sistema de Banca para el Desarrollo, este impuesto afectó particularmente a un banco privado, cuyo dueño lo es también de un medio de comunicación digital que ha abanderado la crítica mordaz y permanente contra el gobierno PAC. Este medio posicionó el tema del "cementazo" durante varios meses en el imaginario colectivo; pero al menos en parte le salió el tiro por la culata, pues el escándalo terminó embarrando a más de un partido político, incluyendo al partido y candidato de preferencia de ese medio de comunicación.

SEGUNDO SACRILEGIO: SONADOS CASOS DE EVASIÓN.

A finales del 2016, la empresa televisora más grande del país se vio obligada a saldar una deuda por 3 724 419 millones de colones que mantenía con Hacienda desde años atrás. Meses antes, el Ministerio Público había reabierto el caso por "fraude fiscal" durante los años 2004 y 2005 (simulación de la venta de sus activos intangibles a una empresa vinculada, cuyo accionista mayoritario era el mismo en ambas sociedades). El pago sirvió como reparación integral del daño dentro del proceso penal que se tramitó con el expediente judicial 08-000005-0618-PE. Sin duda este caso le hizo un gran daño a dicha televisora, que por lo demás nunca ha sido cercana al Partido Acción Ciudadana.

A finales del 2014, casi al mismo tiempo que el Grupo Nación anunciaba una serie de cambios en su estructura y el despido de 100 empleados, trascendió que llegaba a un acuerdo con el Estado en un caso por supuesta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. Mediante un decreto la expresidenta Laura Chinchilla había vetado la posibilidad de llegar a acuerdos en temas fiscales, de manera que cualquier empresa evasora debía acudir a los tribunales a defender su posición, en litigios que suelen durar muchos años. No obstante, la administración del presidente Luis Guillermo Solís reabrió la posibilidad de llegar a este tipo de conciliaciones, pues su interés era recuperar el dinero, no patear la bola hacia adelante. Y así, La Nación tuvo que pagar...

TERCER SACRILEGIO: PAUTA PUBLICITARIA DEL GOBIERNO CALDEA LOS ÁNIMOS.

Medios de comunicación acusan al Gobierno de "manipular" la pauta publicitaria.

Esto ocurría a finales del 2016, y aunque al final el gobierno se desmarcó del recorte de la pauta publicitaria que realizaron los bancos estatales, eso fue como "tocar los huevos del nido del águila". Desde entonces, la relación con la prensa se deterioró notablemente y la "democratización de la pauta" quedó en capilla ardiente. El Grupo Extra fue el más beligerante en esta denuncia. En fin, la libertad de expresión seguirá supeditada a la libertad de prensa.

CUARTO SACRILEGIO: CIDH RATIFICA VALIDEZ DEL DECRETO SOBRE FIV.

A inicios de marzo del 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer su sentencia con fecha del 26 de febrero del 2016 en la que ratificó la plena vigencia del Decreto Ejecutivo, adoptado el 10 de setiembre del 2015 en Costa Rica por parte del Poder Ejecutivo, para permitir la Fecundación in Vitro (FIV). Este Decreto Ejecutivo se justificó en razón de la incapacidad del Poder Legislativo de adoptar una ley al respecto (típico filibusterismo parlamentario), negándole a cientos de familias costarricenses optar por esta técnica de fertilización. Este compromiso de campaña había que cumplirlo, aunque era previsible que los sectores opositores (en especial religiosos), romperían canales de comunicación con el gobierno.

QUINTO SACRILEGIO: LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

Luego de una durísima contienda política, con gigantescos intereses económicos de por medio, el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal fue aprobado el lunes 12 de diciembre de 2016, en segundo debate, en la Asamblea Legislativa.

El texto introduce una serie de medidas para evitar la evasión fiscal de personas jurídicas y físicas que presten sus servicios al público.

Entre las medidas más vilipendiadas por el sector empresarial (UCCAEP lo combatió hasta el final), está la creación de un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, que le permitirá al Ministerio de Hacienda conocer la lista de accionistas de las sociedades anónimas, arma fundamental para combatir el fraude fiscal.

Creo que hasta aquí (diciembre de 2016) llegó el gobierno de Luis Guillermo Solís, a los ojos del poder económico. Fue demasiado para un sector empresarial acostumbrado a "ser escuchado" en la Asamblea Legislativa; y de no haber sido por el apoyo que el proyecto recibió del Banco Mundial y de la OCDE, nunca hubiese sido aprobado.

SEXTO SACRILEGIO: RUPTURA DEL DUOPOLIO DEL CEMENTO.

Junto con la condenable conducta de varios jerarcas del BCR en su relación corporativa con el empresario Juan Carlos Bolaños, el decreto de ruptura del duopolio fue la excusa perfecta para intentar enterrar al primer gobierno PAC. No hubo escrúpulos para separar el grano de la paja, y a toda costa había que involucrar al mismo Presidente. Pero como ya advertimos, el tiro salió por la culata, y figuras tanto del PUSC como del PLN (además, desde luego, de Otto Guevara), resultaron tener una estrecha y larga relación con el cuestionado empresario. A la postre, el caso ha servido de "chivo expiatorio" para intentar ocultar la podredumbre en las relaciones Estado-contratistas. Veremos si el "Yamberazo" tiene un efecto semejante.

SÉPTIMO SACRILEGIO: CORTE INTERAMERICANA ORDENA RESPETAR EL MATRIMONIO CIVIL IGUALITARIO.

Fue como abrir el séptimo sello del Apocalipsis. A raíz de una consulta del gobierno de Luis Guillermo Solís, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación civil, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.

La orden se extiende a los 20 estados que reconocen la competencia contenciosa de la Corte, y el criterio de los altos jueces es de acatamiento obligatorio. Lo demás es historia conocida.

¿Debió el gobierno de Luis Guillermo Solís haber evitado estos siete sacrilegios? Haberlo hecho sería una burla a sus compromisos electorales y a sus principios programáticos, que por cierto, aun sin ser demasiado radicales, levantan la más férrea oposición del conservadurismo y la oligarquía económica costarricenses.

(* Economista, Profesor universitario y exdiputado por el PAC)