Representantes de la  Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)  y el eximistro de Agricultura Luis Felipe Arauz.(Foto: VN)

Luis Felipe Arauz: “El reglamento busca ordenar el mercado”

Estos actores ven una amenaza en las acciones legales contra los decretos, interpuestas por la Defensoría de los Habitantes y grupos ecologistas ante la Sala IV, y en los recientes argumentos emitidos por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, que tienen frenados los decretos.

El decreto No. 39995-MAG emitió el “Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas Formulados”; y según el ex ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arauz, “el reglamento busca ordenar el mercado”.

Registro, Uso y Control”.

El exministro Arauz -y quien firmó los decretos citados durante el Gobierno anterior-, enfatizó que el objetivo de los reglamentos no era vender más plaguicidas ni brincarse regulaciones ambientales. “El objetivo era salvaguardar la producción agrícola nacional, la seguridad alimentaria del país, y la gran cantidad de empleos que genera el agro y la gran cantidad de divisas que se generan por productos de exportación”.

Arauz insistió en que se están generando daños ambientales superiores a los que se querían evitar. “Como no se han podido registrar nuevos productos por la parálisis que hay desde hace 15 años, para el control de la sigatoka en el banano se usan alrededor de 60 aplicaciones de fungicida por año, con tres kilos por hectárea por aplicación. Con las moléculas nuevas que no se han podido registrar, uno reduciría el número de aplicaciones a la tercera parte y así probablemente tenemos casos en otros cultivos. Esa parálisis es lo que ha causado que tengamos uso excesivo de plaguicidas; porque estamos usando materiales viejos, en dosis mayores”.

“El registro por incorporación se refiere al principio activo de productos que están registrados con altos estándares en países desarrollados”. “Negar la ciencia de esos países y pensar que nosotros lo podemos hacer mejor es, por lo menos, cuestionable”, dijo Arauz en una conferencia de prensa realizada el 27 de febrero.

Arauz afirmó que no es cierto que van a registrar ingredientes activos nuevos; sino que sólo van a actualizar los expedientes de productos ya registrados antes del 2006. “El reglamento busca ordenar el mercado. Con el nuevo reglamento, que es muy estricto, se da un plazo de 10 años al Servicio Fitosanitario del Estado, porque son cientos de registros que están pegados. Se les pide que actualicen la información para que estén en regla y que luego puedan entrar en el proceso de registro”.

Con respecto al registro de plaguicidas a los que ya se les venció la patente, Arauz señaló: “Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se da una protección a los datos de prueba que se usan para inscribir un producto por 10 años. El nuevo reglamento dice que vencidos esos 10 años se pueden inscribir productos genéricos usando información generada por terceros y no propiamente por el registrante. Tiene toda la lógica del mundo porque es información pública y evita estudios repetitivos con animales”.

Por su parte, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), subrayó que “hay un montón de gente ambientalista que se opone al registro de agroquímicos pero sin ciencia, sin tecnología, sin datos”.

“Estamos importando más o menos el 60% del arroz y el 80% de los frijoles de países que no sabemos qué agroquímicos usan, que no sabemos qué moléculas tienen, ni con qué fueron atomizados y sin embargo los ambientalistas no dicen nada y vamos destruyendo nuestra producción e importando más cosas de afuera. No sabemos con qué los fumigan. Muchos de estos productos vienen de China; China no es un lugar seguro. Eso no le importa a los ambientalistas; lo que les importa es que no produzcamos”.

“¿Qué es lo que hace un agroquímico?, curar las plantas, eliminar los insectos que nos están comiendo las plantas. Si podemos hacerlo con moléculas nuevas que afecten menos el ambiente y son un poco menos caras, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué todos los vecinos lo hacen y nosotros no?”, insistió Lizano.

Mientras que Guido Vargas, de UPANACIONAL, fustigó: “Para poder competir, la agricultura debe tener herramientas, insumos, para combatir plagas. Estos insumos los usan nuestros competidores en un mercado abierto. Estos insumos producen comida para el mundo; son productos universales y resulta que nosotros como agricultores no los podemos usar en Costa Rica”.

Ecologistas: “Esto es pura demagogia y publicidad engañosa”

No obstante, Fabián Pacheco, ecologista del Bloque Verde, y uno de los que interpuso la acción de inconstitucionalidad contra el decreto No. 39995-MAG junto con Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), declaró: “El decreto que impugnamos es para un registro, control y uso de plaguicidas antiguos, que ya ingresaron al país. Ninguno es nuevo. Ese reglamento no es para plaguicidas nuevos, es para plaguicidas que ya ingresaron al país y nunca fueron evaluados”.

De acuerdo con Pacheco: “Cada 10 años hay que revalidar  los agroquímicos. En los años 80s y 90s, cuando entraron esos tóxicos, las leyes eran muy laxas. Algunos de ellos están prohibidos en otros países y si se les hace una revalidación bajo los parámetros que estaban vigentes antes de que se emitieran estos decretos, no hubieran pasado la prueba, porque son altamente tóxicos y altamente residuales”.

“No es cierto que estamos paralizando la entrada de nuevos plaguicidas con este recurso de inconstitucionalidad. Ellos debieran ponerle nombres y apellidos y decir 'este plaguicida es nuevo, es moderno y es mas ecológico'. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen un ejemplo. Esto es pura demagogia y pura publicidad engañosa”, agregó Pacheco.

Henry Picado precisó que durante el tiempo que ha estado en vigencia el decreto, el Estado ha recibido 158 solicitudes de nuevos registros de plaguicidas y sólo 26 son de agroquímicos de nueva generación. “Es decir, el 16% pueden decirse que son nuevos. El resto, más del 84%, son plaguicidas que ya habían ingresado al país bajo alguna otra figura comercial o marca y no representan ningún tipo de beneficio para los agricultores; no vienen a aportar nada en términos tecnológicos”.

Los ecologistas afirmaron que “es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental” y aseguraron que el reglamento fue “redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas y es una afrenta a lo estipulado en el articulo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Asimismo, alertaron que el reglamento “obliga al MINAE, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura a aceptar plaguicidas basándose en la entrega de documentos técnicos cobijados por una declaración jurada de que el mismo ha sido registrado en otro país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, y que las autoridades nacionales no tienen forma de verificar esa información.

“Alrededor de dos mil plaguicidas están siendo usados en Costa Rica, sin que se verifique su eficacia para el control de plagas. Muchos de estos están prohibidos en otros países por su alta toxicidad o sus impactos a la vida misma”, argumentaron los ecologistas.

“Realmente lo que estamos exigiendo es que se hagan análisis en plaguicidas, prohibidos en otros países y que se están usando aquí. Los que están prohibidos en otros países, ¿los deberíamos prohibir en Costa Rica también, verdad? ¿Por qué nadie está hablando de eso? Me parece que son ellos los que no quieren que se hagan análisis de data completa sobre los plaguicidas. Con sus nuevos decretos están permitiendo que se haga 'copy-paste' de estudios de los originales para adjuntarlos a los plaguicidas genéricos y poder registrarlos. Esas son metodologías anticientíficas”, argumentó Pacheco.

“¿Que hay un problema de alimentos en Costa Rica?. Eso no tiene que ver con el tema de plaguicidas. La dependencia de importar granos básicos de los países del norte empezó con los Programas de Ajuste Estructural y se agudizó con el Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con las políticas neoliberales que ellos mismos propician”, añadió el activista.

En numerosas ocasiones la FECON ha denunciado que detrás de estos decretos hay “un intento desesperado de la agroindustria en legalizar cientos de plaguicidas que nunca han sido evaluados por las autoridades costarricenses, porque entraron al país antes que las actuales leyes y normativas correspondientes”.

En artículo publicado por el periódico La Nación en 2018, Carlos Hidalgo, directivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios, señaló que la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Defensoría de los Habitantes contra uno de los decretos “devuelve al país a la epoca de la inoperancia, de que no se mueven los registros”. “Desde el año 2004 a la fecha estamos hablando de 14 años, y han salido si acaso tres registros”. Según dijo Hidalgo en ese artículo, el atraso en la autorizacion de nuevas moléculas activas afecta especialmente a sectores agrícolas, como los bananeros, piñeros y meloneros, y dijo que llamaría a estos grupos para presentar en conjunto su defensa del decreto ante la Sala IV.

La historia: Numerosos cuestionamientos a los decretos

A fines de 2016 había 2.124 solicitudes de registro de agroquímicos pendientes en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), acumuladas durante 12 años. El SFE dice que es porque los empresarios presentan información incompleta. Las cámaras de agroindustria que agrupan a las compañías de agroquímicos nuevos y genéricos dicen que es porque no hay plazos para resolver (“Defensoría impugna nuevo reglamento para agilizar registro de plagicidas, La Nación,13 julio 2018).

Enero 2017: Se emiten los decretos que crean el “Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas Formulados”; y el “Reglamento Técnico Insumos Agrícolas, Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. Empiezan a regir seis meses después de su publicación en La Gaceta; es decir, en julio de 2017.

Junio 2018: Defensoría de los Habitantes presenta acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV por el registro de incorporación para productos nuevos y el registro de información referenciada o por equivalencia que se aplica a los productos genéricos y pide que se suspenda el nuevo decreto.

Diciembre 2018: Bloque Verde interpone acción de inconstitucionalidad contra decreto 39995-MAG (Expediente18-019039-0007-CO).

Diciembre 2018: Ministerio de Salud señala posible inconstitucionalidad de decreto 39995 y señala la importancia de que el registro de plaguicidas sea respaldado por estudios toxicológicos (Oficio DM-FR7196-2018).

Febrero 2019: Ministerio de Ambiente rinde informe ante la Sala Constitucional sobre decreto 39995. Dice que reglamento violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos. Solicita la suspensión inmediata del decreto mientras se resuelve la acción de inconstitucional.

(*pomaredafabiola@gmail.com )