Tras la detención, el viernes pasado, de monseñor Nunzio Scarano, acusado de fraude y lavado de dinero, la Comisión de Cardenales y la Dirección de la superintendencia aceptó las renuncias del director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Paolo Cipriani, y del vicedirector, Massimo Tulli.

Según la fiscalía de Roma, Scarano, quien trabajaba para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo que gestiona los bienes inmobiliarios de la Santa Sede, donde era responsable de la contabilidad, tenía un "rol relevante" en operaciones de lavado de dinero.

El prelado, junto con un miembro de los servicios secretos italianos y un intermediario financiero, intentó introducir ilegalmente en Italia, sin lograrlo, unos 20 millones de euros depositados en un banco suizo procedentes de un fraude fiscal, según la acusación.

"El director del IOR, Paolo Cipriani, y el vicedirector, Massimo Tulli, han dimitido de sus cargos. Tras muchos años de servicio, los dos han tomado esa decisión en el mejor interés del instituto y de la Santa Sede", señaló el Vaticano en una nota. Agregó que "el Consejo Supervisor y la Comisión de Cardenales han aceptado las dimisiones y han pedido al presidente del IOR, Ernst von Freyberg, que asuma de manera interina las funciones de director general con efecto inmediato".

El papa Francisco ordenó el pasado 26 de junio crear una comisión especial para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido banco del Vaticano y algunos sectores católicos piden que sea convertido en un banco ético, sin ánimo de lucro y salga del sistema financiero.

El banco del Vaticano gestiona 19.000 cuentas pertenecientes en su mayoría al clero católico, es decir, unos 7000 millones de euros, que incluyen tanto a personas de menor rango en la jerarquía vaticana como a obispos, cardenales y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede y se ocupa también de las trasferencias de dinero de las congregaciones religiosas.