Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) demuestran que los centros penitenciarios son lugares donde se cometen gran cantidad de delitos, especialmente aquellos relacionados con timos y estafas mediante el uso de teléfonos celulares en contra de los ciudadanos.

El diputado Enrique Sánchez (Partido Acción Ciudadana -PAC), señaló que “las personas privadas de libertad eluden los controles para ingresar teléfonos celulares y realizar estafas. Esta situación debe ser controlada por el Estado, pues velar por la seguridad de los ciudadanos es un deber prioritario”.

El proyecto señala que los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán el deber de adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones al interior de  centros penitenciarios, incluyendo unidades de atención integral, centros penales juveniles y cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional. 

Dicho deber de las operadoras debe realizarse de acuerdo con lo se establezca en el reglamento, garantizando que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a dichos centros.