• Denuncia FECON

Aumentan las amenazas a defensores del ambiente y la caza ilegal en áreas silvestres protegidas

Nuevas denuncias sobre lo que llamaron un “lamentable” incremento de las amenazas contra activistas defensores del ambiente y de la caza ilegal en las Áreas Silvestres Protegidas, fueron presentadas este martes por organizaciones ecologistas que urgieron a los diputados a aprobar la ley (Proyecto  Expediente Nº19.610) que permitiría salvaguardar la seguridad personal de quienes se han comprometido con el cuidado de la vida.

El Premio Guayacán, Alcides Parajeles, amenazado por bandas criminales que accionan en la Península de Osa.

La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) que agrupa a diversas organizaciones ecologistas del país, atribuyó la situación al descuido estructural de las Áreas Silvestres Protegidas por parte del Estado, una muestra de esto, señaló, “es que desde 1998 no se abren nuevas plazas para guardaparques”.

Según cálculos presentados por FECON este martes (01.08.18) se necesitan 800 plazas con rango de Guardaparques y su equipamiento, para atender esta crisis pero, lamentó, “la gran mayoría de recursos de que dispone el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) son invertidos en la atracción y atención de turismo dentro de los Parques Nacionales, dejando la tarea de control y prevención sin financiamiento”.

Entre 2015 y 2016 se reportan 5.723 denuncias de violaciones a la ley forestal, de estas sólo 1.299 fueron interpuestas como denuncias formales en instancias judiciales. Es decir, existe un alto porcentaje de impunidad en los delitos ambientales en nuestro país.

La impunidad y la falta de controles adecuados, enfrenta a personas como el galardonado con el Premio Guayacán, Alcides Parajeles, a las amenazas de bandas criminales de accionan en la Península de Osa, denuncia que presentó Parajeles la semana pasada ante las autoridades ambientales.

Agregó FECON que la falta de acciones por parte del Estado costarricense se da en un complicado “contexto global de tráfico de vida silvestre” que está catalogada como “una de las tres actividades ilegales más rentables de mundo, sólo por detrás del narcotráfico y la venta ilegal de armas”.

“Esto hace que ecologistas como Parajeles se encuentren muchas veces indefensos” señaló FECON, que agregó en su comunicado que “esto no es nuevo”.

Los datos de referencia de la Federación Conservacionista señalan que en Costa Rica se han registrado al menos 12 asesinatos de ambientalistas, más de 24 atentados, otras 25 amenazas directas y unas 22 demandas judicializadas contra activistas ambientales y ecologistas.

“La contraparte de esta grave situación, puede verse en la impunidad de los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -en el quinto aniversario del homicidio- que pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza”.

“Casos paradigmáticos como el crimen de Jairo y las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante, en 1994, y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días después, quedan condenados a la impunidad” de una justicia ineficiente e indolente ante la violencia contra defensores de la naturaleza.

Proyecto de Reforma a la Ley

Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que nos dedicamos a la protección de la naturaleza es urgente que se haga una reforma a la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, Ley N.° 1594. que ya fue dictaminada en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

La reforma que proponen las organizaciones ecologistas consiste en los siguientes aspectos:

- que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años;

- la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensor o activista en amparo y promoción de los derechos humanos;

- serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores.