Fernando Cruz es el nuevo presidente del Poder Judicial

El magistrado Fernando Cruz fue electo este miércoles nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una reñida votación de corte plena y en medio de la más profunda crisis vivida por la institución en toda su historia.

Cruz, de 69 años y miembro de la Sala Constitucional, obtuvo el apoyo de 13 de los 22 magistrados reunidos (12 titulares y 10 suplentes), tras cuatro rondas de votación, en las que su principal contendiente fue Orlando Aguirre, de la Sala II.

El nuevo presidente viene a reemplazar en el cargo a Carlos Chinchilla, quien hace 18 días se acogió a la pensión de manera intempestiva, luego que la Corte Plena le impusiera a él y al resto de la Sala III (Penal) una suspensión de dos meses por la que fue considerada una falta gravísima.

Chinchilla y sus compañeros de sala (Jesús Ramírez, Doris Arias y María Elena Gómez) decidieron en 2017 desestimar una denuncia contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Hugo Morales Zapata, por un eventual tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo popularmente conocido como “el cementazo”.

El pasado lunes, la magistrada Arias también se acogió a la pensión tras hacer un intento de eludir la sanción mediante una medida cautelar solicitada a un tribunal contencioso administrativo. Aunque la acción fue acogida por el juez de dicha instancia, el Ministerio Público abrió una investigación contra ambos por posible prevaricato.

En un ambiente enrarecido por estos hechos y otros no menos bochornosos, como la destitución del magistrado Celso Gamboa hace varios meses por supuestamente tener vínculos con Bolaños, el nuevo presidente judicial deberá empeñarse en normalizar la situación interna y recuperar cuanto sea posible la dañada imagen del Poder Judicial.

Cruz tiene una larga trayectoria como funcionario judicial. Inició en 1972 como agente fiscal y fue ascendiendo hasta ocupar la Fiscalía General. Posteriormente fue nombrado juez y más tarde juez superior y juez de casación penal, hasta que en 2004 fue designado magistrado de la Sala Constitucional.

Tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica y un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid.

En 2012, cuando terminó su último periodo de nombramiento, el Partido Liberación Nacional logró reunir los 38 votos que la Constitución establece para impedir que el nombramiento de Cruz se confirmara automáticamente. En ese momento, los diputados del PLN argumentaron que el magistrado no sintonizaba bien con los objetivos de los otros poderes (ejecutivo y judicial), dominados entonces por esa agrupación política.

No obstante, fue vox populi que se trataba de una represalia por el voto que la Sala IV emitió  confirmando que era ilegal la declaratoria de interés público para la explotación minera de Crucitas, por parte del ex presidente Oscar Arias.

En medio de una indignada reacción pública, algunos diputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad argumentando que la decisión se había tomado extemporáneamente, cuando ya había vencido el plazo. El tema quedó en manos de la Sala Constitucional que respaldó la posición de los diputados.