La declaratoria de ilegalidad se basa en que la huelga está prohibida en los servicios de salud.

La sentencia, emitida por la jueza Susana Porras, se basa en un inciso del artículo 376 del Código de Trabajo, en el cual se establece que la huelga no será permitida en aquellos servicios “indispensables” para el funcionamiento de la economía pública o en lo servicios de salud, entre otros.

También se ampara en decisiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconocen el derecho a huelga con restricciones, especialmente en los casos en que la interrupción de un servicio “pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.

La resolución subraya que la huelga ha afectado el funcionamiento de hospitales, clínicas, lavanderías y otras dependencias de la CCSS, obligando a la posposición de unas 63.000 citas y 3.000 cirugías que habían sido programados para pacientes con diferentes niveles de urgencia.

La huelga entró este lunes en su cuarta semana, luego de que el gobierno y los sindicatos habían consensuado el viernes un texto que sentaba las bases de la negociación e implicaba el reinicio de labores en todas las instituciones que se mantenían en paro.

Dicho texto fue rechazado por las bases de la mayoría de organizaciones sindicales, por considerar que no satisfacía sus expectativas.