Defensoría de los Habitantes propone cambios en la forma de elección de magistrados

La Defensoría de los Habitantes propuso a la Asamblea Legislativa cambios profundos para la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluyen el nombramiento con plazo fijo de hasta 9 años, la supresión del lobby y el uso de nuevos criterios de competencia y probidad en los procesos de selección de los altos jueces.

La iniciativa surge a raíz de los cuestionamientos a que se encuentra sometido el magistrado Celso Gamboa, de reciente nombramiento en la Sala III (Penal),  por sus presuntos vínculos con  el empresario Juan Carlos Bolaños, centro del escándalo conocido popularmente como “el cementazo”.

“El proceso de selección de magistrados y magistradas es tan esencial para la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, como el desempeño de sus integrantes; y por lo tanto se debe asumir con la mayor responsabilidad. Es urgente una revisión del proceso de selección de magistrados, para asegurar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, la legitimidad de la labor de designación de la Asamblea Legislativa y el resguardo del sistema democrático en general”, explica el documento presentado por la Defensoría a los diputados.

Entre las recomendaciones, el organismo plantea que se integre un panel independiente con personas de “amplia y reconocida trayectoria”, con conocimiento judicial e independencia de criterio, para que analice a los candidatos a magistrados y asesore de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

Agrega que en aras de garantizar la independencia judicial con respecto a los otros poderes, así como la dignidad de la magistratura, el proceso debe ser público y transparente y eliminarse las “campañas” en busca de votos a que se ven obligados los candidatos.

“El país debe acabar con la práctica indeseable que se ha institucionalizado y que se le ha dado el nombre de lobby legislativo que no hace más que empañar precisamente el fin último de un nombramiento de magistrado que es la independencia en el ejercicio de su función”, advierte la Defensoría.

Señala además que se debe valorar la integridad y honorabilidad de los candidatos en su trayectoria general, así como las actuaciones, declaraciones y publicaciones que muestren su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la transparencia.

“Debe considerarse la necesidad de una reforma a la Constitución Política para incluir el criterio de integridad, tal como Io señalan principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, y establecer un procedimiento parlamentario transparente y con la posibilidad de que se conozcan señalamientos contra la integridad, probidad, ética y honorabilidad de una persona”, dice el texto enviado a los diputados.

Propone también que en la integración de la Corte Suprema se establezca un criterio de paridad de género, así como de representación de las distintas etnias y culturas que componen la nacionalidad costarricense, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política, que declara el carácter pluricultural y multiétnico del país.