El Área de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR realizó un estudio con el fin de verificar el grado de avance físico y financiero de las obras y llegó a la conclusión de que el avance en ambos aspectos es “escaso”.
  No se han concretado “las obras físicas de alcantarillado ni la pavimentación de calles, debido a que un año después de iniciar el proceso de contratación de los diseños e inspección, se cambió la modalidad de contratación por requerimiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”, señala el informe.
“El avance en la ejecución de los recursos del préstamo es poco significativo,  representa el 2,2% de los US$20,5 millones destinados para el componente del proyecto relativo al alcantarillado sanitario, asociado principalmente a la compra de un camión hidrovaciador”, agrega el informe.
 Existe riesgo de un eventual desfinanciamiento de las obras debido al desfase de 337 días entre la finalización proyectada (25/05/2015) y el cierre del préstamo (30/06/2014), agrega el órgano contralor.
Las obras que se financian con el préstamo del BIRF buscan  sanear el área de Limoncito y Pueblo Nuevo, así como descontaminar el río Limoncito y sus afluentes; rehabilitar la estación de bombeo de aguas residuales en la planta de tratamiento  existente; descontaminar la Playa Los Baños mediante la construcción de redes de alcantarillado en algunos barrios del sector; y la pavimentación de 30 kilómetros de calles en la zona de Limoncito para proteger las obras de alcantarillado.
El ministro de Comunicación del gobierno, Carlos Roverssi, reconoció que los trabajos no avanzan al ritmo deseable, pero aseguró que están encaminados.
“No van más rápido porque todo lo complican los procedimientos burocráticos que hay que cumplir, incluidos los que establece la Contraloría”, afirmó el ministro.
También dijo que los cambios solicitados por el ente financiero han retrasado la continuación de las obras.
El proyecto “Limón Ciudad Puerto” fue elaborado durante la pasada administración de Oscar Arias e inicialmente se habló de un financiamiento de 80 millones de dólares, con los cuales se prometió una transformación a fondo de la ciudad de Limón, afectada por viejos problemas económicos y sociales.
La iniciativa fue entonces una respuesta a la reacción de sindicatos y otros movimientos sociales limonenses contra la concesión otorgada por el gobierno a la empresa holandesa APM Terminals para construir una terminal de contenedores que desplazaría el puerto estatal de Moín.