Álvaro Leiva, beneficiado con el estatus de asilo político, es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). (Foto:NuevoDiario de Nicaragua)
Álvaro Leiva, beneficiado con el estatus de asilo político, es el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). (Foto:NuevoDiario de Nicaragua)

El oficio de asilo político concedido a Leiva señala en el motivo, garantizar la protección de la integridad del Secretario Ejecutivo de la ANPDH, y fue firmado por el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Relaciones Exteriores, Epsy Campbel, este miércoles.

Leiva acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense para solicitar protección, ante la crisis social, política y económica que enfrenta Nicaragua, al considerar que se encuentra en “situación de riesgo como resultado de sus labores por la defensa de los derechos humanos, señalaron las autoridades”.

Leiva manifestó “ser víctima de persecución política, que se ha materializado en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal”.

Después del estudio del caso, Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores, se señaló, acogieron la solicitud de asilo político.

La institución del asilo político se encuentra consagrada en el artículo 31 de la Constitución Política de Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que se trata de un principio jurídico de rango superior que se manifiesta en actos humanitarios de solidaridad.

La concesión o denegatoria de esta figura es un acto de Gobierno, dictado en pleno ejercicio de la soberanía del Estado costarricense, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo la valoración de los hechos y las razones que aduce el solicitante con motivo de persecución, al igual que el análisis de las pruebas.

Cabe resaltar que el asilo político es una protección especial para personas que pertenecen al rango diplomático, del ministerio de Relaciones Exteriores, que han participado en movimientos políticos en su país de origen. Mientras que, las solicitudes de refugio son tramitadas y resueltas por la Dirección General de Migración y Extranjería. Dicha institución recibe las peticiones de personas que tienen temores fundados y pueden demostrar con pruebas que son perseguidos por motivos de raza, género, o pertenencia a una agrupación específica.