Agresión de diputado Núñez contra compañeras no se resuelve con una disculpa

La denuncia planteada ante el Ministerio Público contra el diputado evangélico Melvin Núñez, del opositor Partido Restauración Nacional (PRN), por las diputadas Floria Segreda y Carolina Hidalgo, constituye un caso de agresión de género que no puede extinguirse con una simple disculpa.

Esa es la opinión de al menos una de las dos diputadas ofendidas, la presidenta del Congreso Carolina Hidalgo, quien considera que ese tipo de violencia contra las diputadas es inaceptable.

Previamente, un grupo de 17 diputadas emitió una declaración en la que afirman que la violencia contra las mujeres “ha sido considerada normal” y afirman que eso hay  que erradicarlo.

“Deben generarse las condiciones para erradicar la violencia política ejercida contra las mujeres que acceden a puestos de representación y de toma de decisiones, de manera que se asegure el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, apunta el manifiesto.

En comunicaciones grabadas, que fueron dadas a conocer por el diario La Nación, Nuñez expresa su molestia porque Hidalgo no lo nombró en la comisión de nombramientos como representante del PRN, como él pretendía, y designó en dicha función a su compañera de fracción, Floria Segreda.

En la grabación, Núñez se refiere a la presidenta del Congreso como “la vieja del PAC” y lanza contra ellas amenazas de revancha.

"Carolina se rió de mí, cuando le dije que usted no quería cambiar conmigo. Ella logró lo que quería y usted la ayudó. Eso fue una cosa que dolió muy a lo hondo y por eso Carolina sabe que se tiene que cuidar porque yo no dejo las cosas para después, yo no soy así".

Y en otra parte de la grabación, le dice a su compañera de curul que lo que él considera una traición “se lo voy a cobrar a usted hasta que pague”.

El currículo oficial del diputado Núñez, de 37 años, lo define como pastor (evangélico) y ebanista, con educación primaria. Irónicamente, entre sus principales intereses de acción legislativa están los temas de género.

Aunque Núñez se disculpó y dijo estar dispuesto a enmendar su conducta, las acciones del diputado constituyen un delito, tipificado en la legislación penal como “amenazas contra funcionario público”.

De mantenerse la denuncia de al menos una de las dos diputadas, el Ministerio Público esta obligado a accionar, lo que implicaría solicitar a la Corte Plena que a su vez pida al Congreso levantar la inmunidad legislativa a Núñez, para que pueda ser procesado.

Diversos sectores, no solo legisladoras y legisladores, han levantado la voz para que este hecho no quede en la impunidad.