• Iniciativa de Costa Rica

Consejo de Derechos Humanos ONU emite resolución sobre garantías ciudadanas en protestas pacíficas

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución para proteger estas garantías en el marco de protestas pacíficas. El texto impulsado por Costa Rica y Suiza, recibió el apoyo de más de 50 países el viernes anterior. La iniciativa costarricense surge a la luz de los procesos políticos que se viven en varios países Latinoamericanos, y en otros continentes, en los que la protesta ciudadana es reprimida con excesiva violencia por las fuerzas policiales o los ejércitos, con saldos escandalosos de víctimas mortales, heridos, detenidos y desaparecidos. Hechos a los que esta inciativa busca poner límites muy claros.

Elaine White explicó desde Ginebra, que la resolución enfatiza las obligaciones de los Estados con la protección de las libertades fundamentales de los ciudadanos. (Foto:Facebook)

Elaine Whyte, representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, en Ginebra, explicó que la resolución tiene como objetivo enfatizar las obligaciones de los Estados en relación con la promoción y protección de los derechos humanos, así como las libertades fundamentales que deben ser respetadas.

“La aprobación por consenso de esta resolución es de suma importancia en la coyuntura global actual, en la cual las protestas pacíficas se multiplican alrededor del mundo, pero en las que también se pueden cometer violaciones y abusos de derechos humanos antes, durante y después de su desarrollo”, aseguró la Embajadora Whyte.

El documento tomó como base el informe conjunto del Relator Especial sobre el derecho de reunión y asociación pacíficas, y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, sobre el manejo apropiado de manifestaciones, que fue presentado en marzo de 2016.

Por otra parte, se abordó el tema del rol de Internet en este contexto y se le solicitó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos un informe sobre las nuevas tecnologías y su impacto en la protección de las garantías.

En las dos últimas ocasiones que este texto había sido presentado -en el 2014 y el  2016- se aprobó por votación. Pero en esta oportunidad, gracias al intenso proceso de negociación y consultas la resolución fue respaldada por consenso, lo que no sucedía desde hacía cinco años.

El documento recuerda a los Estados, que tienen la responsabilidad de impedir que se cometan violaciones como ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Exhorta a los Estados a garantizar, por medio de las instituciones estatales, que se impida en todo momento el abuso de los procedimientos penales y civiles o que se amenace con los actos arriba mencionados.

Insta también a evitar el uso de la fuerza en las manifestaciones pacíficas, a velar porque, en los casos en que dicho uso sea absolutamente necesario, nadie sea víctima del uso de la fuerza excesivo o indiscriminado y también, a velar porque se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a todas las personas heridas o afectadas.

La negociación técnica de la resolución estuvo a cargo de la Consejera Diana Murillo, de la Misión Permanente de Costa Rica en Ginebra.