La Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, viajó este jueves a Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, a reunirse con sus habitantes y conformar un nuevo comité de diálogo, presionada por varias acciones de denuncia que han hecho activistas y organizaciones de derechos humanos en los últimos días.

Mientras tanto, sus pobladores exigen a las autoridades acciones concretas para que las personas no indígenas que siguen en Salitre sean desalojadas de acuerdo con el cumplimiento de la ley, y que se implemente el protocolo de medidas cautelares que pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas personas no indígenas llevan varios años de mantener una campaña de desinformación, amenazas y agresiones, alimentada por actores externos. En sus reuniones motivan un levantamiento para “defender la tierra” que poseen dentro de los territorios indígenas, con consignas, como “defensa de la tierra o morir” y “todos contra el Estado, que nos quiere quitar la tierra sin indemnizar”, como ha consignado en informes el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN).

El más reciente conflicto en Cebror

A partir del pasado 16 de agosto, habitantes de la comunidad de Cebror, líderes indígenas y activistas del ODHAIN y otras organizaciones dieron la alerta por las agresiones que se estaban dando allí.

Cebror es uno de los varios poblados de Salitre, territorio indígena que abarca aproximadamente 11.700 hectáreas y donde se calcula que viven unos 1.285 indígenas.

El martes 11 de setiembre una misión del ODHAIN viajó a la zona, ha pedido de sus habitantes.

Marcela Zamora Cruz, activista e integrante del ODHAIN y del Centro Amigos para la Paz, fue parte del grupo y denunció que Salitre estaba en una situación de conflicto abierto, sobre el cual tienen muy bajo control las autoridades judiciales y que las instituciones del gobierno continuaban ausentes.

Tres construcciones quemadas y varias personas heridas y golpeadas, fueron parte de los reportes de la misión. “Sentimos que la policía no tenía control de la situación”, dijo Zamora.

La activista agregó que existe un desmejoramiento total de las condiciones de las personas que viven ahí; que se ha dado un cambio en la forma en que opera la violencia; que es evidente la presencia de actores externos; y que los indígenas no están teniendo una respuesta violenta ni de defensa para repeler estos ataques.

“Traían de todo, sólo hierros, yo oía sólo hierros”

Uno de los ataques fue contra la familia de Grace Delgado Morales, indígena bribri, después de que ellos habían recuperado una propiedad. Según cuenta Delgado, un grupo de no indígenas se avalanzaron contra ella y su familia con machetes, tubos, palos, un rifle y un arma punzocortante en forma de “ganzúa” o “garfio”.

Su papá, Julián Delgado Maroto, puso su mano para defenderlos y le dieron con la “ganzúa” en los dedos. Asimismo, los integrantes del ODHAIN relataron que el señor tenía un golpe en su ojo derecho y una lesión en el hombro derecho.

Delgado Morales aseguró que la responsable del ataque fue Dina Sosa Navarro y un grupo de 14 personas no indígenas, que tienen recursos económicos para realizar esos ataques y carros. Agregó que los propios policías le dijeron que si el grupo volvía a atacarlos a ellos, la Fuerza Pública no iba a tener la capacidad suficiente para detenerlos.

Don Julián Delgado Maroto contó que entraron “volando cuchillo a todo”, “entraron golpeando a todo mundo pues traían de todo, solo hierros; yo oía solo hierros”.

Los observadores también entrevistaron a Sary Sosa Navarro, que asegura ser cabécar y co-propietaria de la finca desde hace 37 años con su hermano Víctor Sosa Navarro; pero que viven en Buenos Aires de Puntarenas.

Focos de recuperación de tierras

Emilio Soto Aguilar, del Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR), aclaró que actualmente existen 8 focos de recuperación de tierra-territorio en Salitre.

La venta ilegal y la tenencia de la tierra por parte de no indígenas están prohibidas por la Ley Indígena 6172 de 1977. Ante esta situación es que en los últimos años se han dado estos procesos de reafirmación autónoma de tierra-territorio, que es básicamente la recuperación de tierras por parte de indígenas en sus propios territorios. La apropiación de tierra por parte de personas no indígenas se ha dado especialmente en los cantones de Buenos Aires y Guatuso.

Según datos de la organización internacional, con representación en el país, Forest Peoples Programme (FPP), el 71% de los territorios indígenas del país están ocupados ilegalmente, mínimo en un 40%. FPP afirma que un 60% del territorio de Salitre está ilegalmente ocupado. Esto significaría unas 7.020 hectáreas de las 11.700 que lo componen.

En diciembre del 2014, la Defensoría de los Habitantes envió un informe al Ministerio de la Presidencia, exponiendo la desprotección que padecen las familias indígenas y denunció que el Gobierno incumplió compromisos adquiridos en julio del 2014, que incluían mantener la presencia policial allí y empezar el censo de propiedades.

El 30 de abril de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado costarricense que de inmediato “adoptara medidas cautelares en beneficio de los pueblos indígenas teribe, del Territorio indígena de Térraba, y bribri del Territorio indígena de Salitre, medidas que deberán de ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes”. Esta declaración se dio a partir de denuncias elevadas al organismo en el año 2012 por dos abogados de Forest People Program.

¿Qué va a hacer el Gobierno?

Este jueves 10 de setiembre la Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, viajó a Salitre. Sánchez destacó que van a establecer un diálogo con “los pueblos indígenas” para poder implementar el protocolo y cumplir con las medidas cautelares que la CIDH sugirió.

Estas fueron las declaraciones de la funcionaria: “Yo viajo mañana (jueves) a la población de Salitre para tener un encuentro con la población indígena involucrada en esta discusión. Necesito sentarme con ellos, dialogar, convencerlos de la importancia de que la violencia no es la mejor forma de resolver estos conflictos y por supuesto participando también las personas no indígenas que han tenido problemas de enfrentamiento con la población”.

Por su parte, Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación, indicó que “el Gobierno de la República manifiesta su preocupación y hace un llamado a la paz y al diálogo”. En conferencia de prensa realizada el martes, Herrera dijo que el Gobierno reforzará sus acciones para prevenir actos violentos.

“La Fuerza Pública ha reportado a las autoridades judiciales al menos nueve incidentes desde el domingo 9 de agosto y el domingo 6 de setiembre. Han sido registradas amenazas, disparos y apedreamientos de casas a personas indígenas y no indígenas, incendios de viviendas y agresiones con machetes”, resumió.

“Dada la complejidad del conflicto, es muy difícil esperar resultados inmediatos”, según Herrera.

El funcionario dijo que la atención policial era insuficiente; sin embargo, mencionó que se había triplicado en las últimas semanas, porque se pasó de 20 a 60 efectivos policiales. Próximamente los policías apostados en la zona recibirán capacitación en derechos humanos, atención de medidas cautelares de convenios internacionales e instrumentos nacionales e internacionales de los pueblos indígenas, agregó.

También se le hizo una solicitud al Poder Judicial “para que atienda las denuncias que han presentado y que ha tramitado la policía administrativa y que es importante que se atienda con urgencia para impedir el clima de impunidad que viene estimulando a los sospechosos de agresión”.

Herrera añadió que se formará un comité con las partes involucradas en el conflicto e instituciones del estado, para analizar la implementación de órdenes de desalojo y posibles indemnizaciones cuando sean pertinentes.

No obstante, Rubén Chacón Castro, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha explicado que las personas no indígenas que están desde hace muchos años en Salitre, no tendrán posibilidades de ser indemnizadas porque legalmente no entran dentro de la figura que posibilita esa indemnización.

Esto significa que no van a poder probar que son “poseedores de buena fe” porque la mayoría adquirió esta tierra de manera violenta o por medio de ciertos subterfugios, manifestó Chacón, en una entrevista realizada en febrero de este año. “Ninguna persona podría alegar que actuó de buena fe si se apropió de lugares donde habitaban fundamentalmente pueblos indígenas y se conocía que eran tierras indígenas”.

Otros ojos puestos en la zona

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas propuso usar recursos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para indemnizar y expropiar tierras a los “poseedores de buena fe” que viven en Salitre.

Pero Chacón ya ha advertido que este es uno de los puntos álgidos de la problemática. “Hay grandes intereses económicos de ganaderos y grandes terratenientes de esta zona que por supuesto saben, sabían y seguirán sabiendo que no tienen derecho a ser indemnizados”.

Gustavo Cabrera, abogado del SERPAJ-CR, resaltó que se está ante un conflicto donde hay otros intereses por ser este un territorio de burbuja; es decir, una zona de riqueza, apetecida por empresas transnacionales para desarrollar proyectos poderosos, y la pugna es por quién controla el territorio. Asimismo, se mezcla aquí la política, por las elecciones municipales a realizarse el próximo año; y aquí vuelve el tema del poder sobre el territorio. Por otro lado está el tema de los derechos humanos de los pueblos originarios, ya que los indígenas son los únicos dueños de ese territorio.

De acuerdo con el Informe Final de la Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, realizada en el 2013, también existen planes de construcción de megaproyectos en los territorios teribes, cabécares y bribris. Estos incluyen plantas hidroeléctricas, minería, cables de alta tensión, carreteras, acueductos para llevar agua a zonas industriales y desarrollos urbanos no indígenas; aeropuertos y puertos marítimos, “como parte de la implementación de los planes regionales de libre comercio, inversiones y seguridad, oficialmente impulsados por los Gobiernos”.