El decreto fue firmado por el presidente Luis  Guillermo Solís y los ministros de Trabajo, Carlos Alvarado, y Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, con la idea de que las medidas entren en vigencia en un plazo máximo de tres semanas.

El decreto establece tres horas de entrada para las instituciones públicas (con excepción de los servicios de salud, policía y atención de emergencias, así como los centros educativos): una a las 6:30 de la mañana, una a las 8:00 y otra a las 9:30

Por otra parte, los funcionarios podrán acordar con los jerarcas de su respectiva institución horarios de 10 horas diarias durante cuatro días a la semana, en vez de cinco.

Los días libres tendrán que tomarlos los funcionarios los días martes, miércoles o jueves, pues los lunes y viernes están excluidos de esta disposición.

El decreto afecta directamente a los empleados del sector central del gobierno, pero orienta a las instituciones descentralizadas a imitar la medida, lo cual aumentaría el impacto que se busca de reducir la congestión vial.

“Las medidas son parte de las acciones solicitadas por el señor presidente para que desde el sector público contribuyamos a disminuir el congestionamiento vial en las principales vías de acceso y en el centro de San José”, manifestó el ministro de Trabajo Carlos Quesada.

Según explicó un comunicado de la Presidencia, para elaborar el decreto se tomó en cuenta un estudio realizado por la Dirección de Ingeniería de Tránsito, el cual determinó que el flujo de tránsito se concentra entre 7 y 8 de la mañana y entre 4 y 5 de la tarde. Así, con los horarios alternos se distribuye parte del flujo antes y después de las horas pico.

La medida no aplica para los centros de enseñanza, debido a que –según manifestó la ministra de Educación- alterar las horas de entrada y salida de clases de los niños podría provocar trastornos muy serios para las familias y afectar negativamente la actividad educativa.