Con recursos de amparo, los diputados intentan que los tribunales obliguen al gobierno a entregar esas comunicaciones. ¿Qué será lo que dicen?, especulan. ¿Qué estará escondiendo?

Yo me pregunto por qué les interesará tanto.

Lo que dicen esas notas –ciertamente– es lo que piensa el embajador sobre la situación en Brasil, su evaluación sobre el voto de impeachment con el que la oposición puso fin al gobierno de la presidente Dilma Rousseff, sus consecuencias políticas, etc. Cosas normales, pero importantes, del trabajo diplomático.

Seguramente le interesa a los diputados saber si en opinión del embajador lo actuado constituye una maniobra para destituir a la presidente que pueda ser calificada como un golpe de Estado.

El presidente ya dijo su palabra. El gesto de levantarse y salirse de la sala cuando el nuevo presidente de Brasil Michel Temer, iba a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no requiere palabras. Su significado es evidente.

El Presidente me había dado su opinión sobre lo ocurrido (por cierto, no había publicado nada hasta su gesto en Naciones Unidas. No porque sus palabras hubiesen sido dichas off de record, que no lo fueron, sino porque me parecía que no me correspondía decirlo. Me sentí liberado de esa precaución cuando el propio presidente lo dijo, con su gesto, en Naciones Unidas).

¿Cómo no le va a preocupar el presidente de Costa Rica el que se estén institucionalizando en América Latina formas no electorales de quitar y poner presidentes? ¿Hasta cuándo –luego de los casos de Honduras, Paraguay y Brasil– debería esperar para manifestarse?

¿Están de acuerdo, los diputados que hacen alharaca, con estos procedimientos, en que se institucionalicen mecanismos no electorales para cambiar gobiernos en la región? ¿No debería hacer nada el presidente?

Es un debate político y cada uno debe dar su opinión. El presidente dio la suya.

Ahora piden desclasificar las comunicaciones del embajador a la cancillería. ¿Tiene eso algún sentido?

Si se hacen públicos esos documentos se habrá acabado el trabajo diplomático del país. La cancillería, y el gobierno, quedarían ciegos y sordos, carentes de toda información directa, pues ningún embajador podría, de ahora en adelante, enviar informes con su apreciación sobre lo que está pasando en el país donde están acreditados, pues todos esos informes serían públicos.

Así de sencillo.

Es absurdo ver a diputados exigiendo hacer públicos esos documentos (y, en este caso, hacerlos públicos es entregarlos a cualquiera más allá de sus destinatarios, que son los responsables de la política exterior del país: el presidente de la República y su canciller).

Seriedad y prudencia no sobran en el manejo de las relaciones internacionales. Si se hacen públicos esos documentos, ¿cuáles otros deberán mantenerse en secreto? ¿Se abrirá todo el archivo de la cancillería?

¡Eso no tiene sentido! El gobierno decreta reserva ¡sí! de esos documentos. Es su deber. Pero eso no quiere decir que los “esconde”. Solo cumple con su obligación de tratar seriamente los temas internacionales.