Por Osvaldo Durán Castro*

La “suspensión indefinida” del PHDiquís por parte de Gobierno de Costa Rica es un acto oficial que no equivale a la liquidación de ese proyecto. Sin embargo, sí es un triunfo generado por la oposición de más de 3 décadas de las comunidades indígenas y de los movimientos sociales. Es la constatación de que el modelo de generación eléctrica en Costa Rica está obsoleto. Es un modelo orientado hacia el comercio basado en la explotación del agua como fuente de enriquecimiento, cuyas primeras víctimas son los ríos, y no por las necesidades reales de la sociedad costarricense. Esta liquidación sirve también para reafirmar la urgencia de romper la creencia de que las represas son “energía limpia”.

No menos importante es que el modelo vigente de generación está fracasando también por sus prácticas excluyentes de las comunidades en las cuales se instalan los proyectos y, en este caso particular, de las comunidades indígenas. Ni el Estado, por medio del ICE, ni mucho menos los generadores privados locales o extranjeros, han procurado nunca dialogar, consensuar e incluir de manera efectiva a las comunidades, cuyos territorios y población, han sido simplemente reducidos a espacios físicos de trabajo y personas por convencer y vencer para construir las represas.

Lo advertimos: PH Diquís no era necesario

Desde hace décadas hemos demostrado que la oferta eléctrica en Costa Rica está debidamente satisfecha. Que la generación de electricidad es en gran medida un negocio público y fundamentalmente privado, asociado con la exportación de electricidad. Toda la información oficial disponible demuestra que no existe ninguna necesidad de aumentar la oferta actual de electricidad.

De acuerdo con la información oficial del Sistema Eléctrico Nacional del ICE, el 28 de agosto de 2018, a las 11:30 a.m., se registró un consumo máximo de electricidad en el país de 1.559 MW, y tanto antes como después de esas fecha y hora, los registros son menores. Este dato es indispensable revisarlo en paralelo con la información de la Contraloría General de la República, expuesta en el “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica” (Dic. 2016. pág. 3), según la cual “la capacidad instalada para la generación fue de 3.242,5 MW, a julio de 2016”.

Si sumamos a los 3.242,5 MW el adicional de 304 MV del PH Reventazón, tenemos una capacidad de generación de hasta 3.548 MV, de los cuales 1.658 MV son de plantas de energía firme. Es decir, por tan solo 99 MV, la demanda máxima nacional no se satisface con energía firme. Esto es en extremo importante pues todos los generadores privados con plantas a filo de agua, siempre han argumentado la necesidad de sus “aportes” al sistema para atender necesidades del país, lo cual resulta insostenible desde cualquier perspectiva y a la luz de los datos oficiales.

Generar para las sociedades, no para los negocios privados

El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV.

Con esos datos la pregunta más que obvia es ¿cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional? De igual manera ¿cómo podrían la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, justificar cualquier proyecto privado, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios? Además, ¿cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?

La “suspensión indefinida” del PH Diquís, no se debe revisar de manera aislada del mercado eléctrico nacional. Queda demostrado que no eran necesarios ni el PH Diquís, ni muchos otros proyectos estatales como los pensados para Pacuare, Savegre, Duchí (Chirripó Atlántico). En ese contexto la generación privada sigue siendo un foco de tensión muy fuerte para muchísimas comunidades y sus ríos. En el debate sobre modelo eléctrico nacional, ése es un aspecto urgente e impostergable.

Baste mencionar ahora que el miércoles 19 de noviembre de 2014, el entonces Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón Loria, expuso ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica una serie argumentos, todos en dirección de que no es necesaria la generación privada de electricidad. Dijo Don Carlos Obregón:

“Tenemos que ver que el sistema tiene suficiente instalación para satisfacer con criterios de confiabilidad y además es importante lo que decíamos anteriormente, que ahí se manifiestan una mezcla de proyectos públicos y privados” (Acta de la sesión ordinaria N° 45 de la citada Comisión).

Es necesario revisar esto porque en la medida que el ICE baje su cuota en el mercado eléctrico, los privados querrán sustituirlo, como si el crecimiento ilimitado de la oferta fuera una necesidad. Este debate y resolución es impostergable y no se limita al balance entre oferta y demanda, sino a quién genera y en qué condiciones y costos para la población y los demás consumidores.

Decidir si se construyen Diquís y muchos otros proyectos públicos y privados, nos remite al modelo de sociedad, de economía y de consumo que queremos para el país. Es el debate entre límites al crecimiento de la oferta y las necesidades reales de la sociedad costarricense. No es lo mismo crecer para atender una necesidad real del país que hacerlo para cumplir un “Objetivo estratégico” de exportación de electricidad, que es lo que desde hace décadas se ha buscado. En el 2017, por ejemplo, el Concejo Directivo del ICE estimaba que:

“esos proyectos grandes como Reventazón y Diquís en el momento en que entren en operación, producirán excedentes importantes en el sistema. A través de estos proyectos, se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía, con lo cual, la rentabilidad de los proyectos se beneficia enormemente” (subrayado ODC). (CD Sesión 5811, 25,10,07, 455b).

El ICE siempre consideró el PH Diquís como “proyecto estratégico para el desarrollo del sistema de generación” en su Plan de expansión de la generación (PEG, 2016-2035, pág. 100-101), pero también sabía que sus elevados costos lo hacían cada día menos factible. También el ICE siempre supo, aunque nunca lo aceptó, que la incapacidad de dialogar con las comunidades en general, y con los pueblos indígenas en particular, le provocarían una elevadísima deuda social, tanto en el país, como a nivel internacional por la violación del Convenio 169 de la OIT.

Debemos orientarnos hacia un nuevo modelo sustentable y socialmente incluyente

La suspensión del PH Diquís nos permite algunas constataciones:

La derrota del PH Diquís no es un hecho aislado. Se suma al archivo, liquidación y desecho de muchos otros proyectos en el país, como los estatales en el Saavegre, y Pacuare y Ayil/río Duchí en territorios indígenas. Esa lista incluye muchos otros privados, desechados por la acción de las comunidades, entre otros los PHs Hidrosur, Los Gemelos, Canasta, Altamira, Cordoncillo I y I, Monteverde I y II, San Pedro, Peñas Blanquitas I y II, Ángel Sur, El Futuro y Consuelo.

+ Todos esos proyectos desechados tienen en común la acción directa de organización, estudio, debate y análisis de las comunidades impactadas negativamente y la demostración de que no son necesarios para el país. Cada uno ha sido un largo, desgastante y totalmente inequitativo proceso de disputas entre empresas con todos los recursos financieros y materiales, y las comunidades y organizaciones sociales con trabajo y aportes voluntarios.

+ La oferta eléctrica en Costa Rica supera en más del doble la demanda máxima que fue de 1.559 MW en agosto 2018. La generación privada de electricidad en Costa Rica amparada en las leyes 7.200 y la 7.508 es del todo innecesaria, sobre todo si consideramos que con plantas del ICE se generan 1.658 MV de energía firme, apenas 99 MW menos que la máxima demanda nacional. Por tanto, esas 2 leyes deben ser derogadas, y mientras se logra eso, no se debe, bajo ninguna circunstancia, permitir la construcción de una sola represa más en Costa Rica.

+ Un paso intermedio es parar todos los proyectos privados en trámite en SETENA, el ICE, la Dirección de Agua del MINAE, las municipalidades, con fundamento en que son innecesarios para el país, y también con base en los argumentos legales y técnicos que hemos aportado, desde las comunidades y movimientos sociales, a cada una de esas dependencias.

+ Todos esos proyectos también coinciden en que fueron pensados como negocios: unos para alimentar la oferta del ICE, con el objetivo de controlar el mercado y exportar y electricidad, y en el caso de los privados, para incrementar sus negocios amprados en la obligación del ICE de comprarles su generación aun cuando es innecesaria. En Costa Rica y el mundo, las represas han sido impuestas a las comunidades, provocado desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras, persecución, asesinatos y pérdidas económicas de dimensiones incalculables para las economías locales comunitarias y familiares.

+ En el caso del PH Diquís, un movimiento social en paralelo a la oposición en el sur, se desarrolló en Dota. El resultado fue que se impidió que la línea de alta tensión Diquís –Rosario, destruyera ecosistemas en las comunidades, la Reserva Forestal Los Santos, la Reserva biológica Cerro Vueltas entre otros. Igualmente, se demostraron los efectos negativos de radiación de estas líneas y el atraso del país en materia de protección de la salud pública, pues mientras en Europa no se admiten niveles superiores a los 2 y 3 miligaus de radiación, en Costa Rica Decreto ejecutivo N. 29296-salud-MINAE, establece que (Art. 9) “No se podrá diseñar ni operar obras de transmisión cuya magnitud del campo magnético exceda los 15 micro Teslas (equivalente a 150 mili Gauss) en el borde de la servidumbre”. En Suecia el límite es de 0.25 Ut (2.5 mG) para la exposición permanente de las personas a los campos electromagnéticos, dados los riesgos de distintos tipos de cáncer.

+ La energía hidroeléctrica nunca ha sido ni es “verde, “limpia” o “sostenible”. Los PHs son un sistema obsoleto: no son limpias, destruyen ríos y todos los ecosistemas asociados. Son más bien una fuente de contaminación y generación de gases efecto invernadero, aunque la lucrativa industria mundial de estudios de impacto ambiental, insiste en ocultar sus errores y justificar su supuesta inocuidad.

+ El mundo empresarial de las hidroeléctricas separa, por conveniencia, los componentes de estas obras, cuando represa, túneles, casa de máquinas y líneas de trasmisión, son componentes interrelacionados que no tienen sentido ni utilidad por separado. Pero, para facilitar proceso constructivos, sociales y legales, las empresas estatales y privadas, separan las obras y hasta hacen estudios de impacto separados.

+ LA ÉPOCA MUNDIAL DE LAS REPRESAS YA PASÓ. La liquidación del PH Diquís se da en momentos en que el mundo entero, la destrucción, y no construcción es la tendencia prevaleciente. En Europa los estudios demuestran tan solo el 40% de las represas operan eficientemente, y el plan previsto es demoler hasta 30.000 estructuras de éstas, lo cual tendrá impactos positivos extraordinarios para los ecosistemas y la economía local por la recuperación de los ríos, su vida interna y la asociada y para las comunidades, pues se abren opciones reales de nuevas empresas de baja escala familiar, por ejemplo.

+ Es urgente democratizar la generación de electricidad con fuentes alternativas y de pequeña escala, como la solar, y evitar que las nuevas fuentes sean acaparadas por pocas empresas privadas para lucrar.

+ Costa Rica necesita recuperar el ICE como entidad se servicio social con capacidades operativas, financieras, empresariales, y sobre todo con visión política en favor de la sociedad y no de los negocios.

+ Un asunto en paralelo a la generación de electricidad en un nuevo modelo de electricidad realmente sustentable y socialmente incluyente, debe prohibir, definitivamente, cualquier tipo de apertura de los parques nacionales para generar cualquier tipo de energía.

Preguntas adicionales:

1. Suspensión indefinida” del PH Diquís no significa cancelación o liquidación del proyecto. ¿Cuándo pensaría el ICE o el Gobierno, relanzar este proyecto en el futuro?

2. El PH Diquís en el marco del mercado eléctrico nacional:

El país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación de 3.548 MV en comparación con el consumo máximo registrado en el país que fue de 1.559 MW, TENEMOS QUE EL PAÍS CUENTA CON UN EXCEDENTE RELATIVO DE ELECTRICIDAD DE HASTA 1.989 MV. Con base en esos datos:

3. ¿Cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional?

4. ¿Por qué, en concordancia con el ICE, la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, siguen avalando proyectos privados, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios?

5. ¿Por qué si el ICE sabe que tenemos un excelente relativo superior a la demanda nacional, otorgó y encima prolongó la elegibilidad del PH San Rafael de la empresa H Solís?

6. ¿Cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?

7. ¿Por qué el ICE no le da a conocer al país los costos reales de la generación pública con respecto de la privada, incluyendo generación y transmisión en todos sus niveles?

8. Por qué el ICE y los privados siguen promoviendo la construcción de represas cuando la tendencia en muchos países es DEMOLERLAS por ser obsoletas y sucias? (En Europa los estudios demuestran que 60% de las represa son ineficientes. El plan de la Dam Removal Europe coalition, es demoler la mayoría de más de las 30.000 represas identificadas como innecesarias en los próximos años).

(*Sociólogo y ecologista. FECON-PROAL-REDLAR)