• Vulnera derecho a pensión alimentaria, entre otros

Defensoría plantea consulta ante Sala IV sobre Código Procesal de Familia

La Defensoría de los Habitantes presentó una consulta a la Sala Constitucional sobre el Código Procesal de Familia, aprobado en primer debate por el Congreso el pasado 8 de febrero, por considerar que esta normativa vulnera derechos como el de la pensión alimentaria y la participación de personas con discapacidad y menores de edad en el proceso judicial de familia.

La consulta fue admitida para su estudio por la Sala Constitucional, lo que detiene la aprobación del proyecto de ley en segundo debate.

“Estos cambios realizados por la Asamblea Legislativa debilitan en criterio de la Defensoría, por ejemplo, la figura del apremio corporal en los casos de incumplimiento por pensión alimentaria; también existen evidentes vulneraciones al derecho de participación, dentro del proceso judicial de familia, a personas con discapacidad y a personas menores de edad”, señaló la entidad en un comunicado.

El texto aprobado modifica la figura del apremio y la debilita, lo que es grave porque constituye el único recuso de coerción efectivo para garantizar el derecho humano a los alimentos y otras necesidades básicas, argumenta la Defensoría.

“En el procedimiento principal de la fijación de cuota alimentaria, el proyecto echa de menos la fijación de la pensión provisional, la cual en la actualidad se fija de inmediato con el traslado de la demanda, aspecto que en el nuevo procedimiento contemplado en la iniciativa de ley no operaría con esa celeridad, pues parece postergar su fijación hasta diez días hábiles después, durante la audiencia de conciliación y luego de una resolución fundada y motivada. En ese sentido, la supresión de la fijación provisional de la obligación alimentaria posee vicios de inconstitucionalidad al retrasar la efectividad de un derecho humano y sus garantías”, puntualiza.

Además, en la norma del apremio corporal se incluye una “gradualidad” para el cumplimiento de la orden de apremio que no existe en la ley de pensiones alimentarias vigente”. Además, la redacción no es clara y ello se prestaría a interpretaciones que podría resultar perjudiciales para las partes actoras en los procesos de pensiones alimentarias.

Por otra parte, la Defensoría considera riesgosa la disposición de librar al juicio del Tribunal aspectos médicos relacionados con la situación de salud del potencial apremiado.

“Debería al menos el juzgador contar con una constancia medica expedida por personal médico de la CCSS o del Complejo de Ciencias Forenses, que le certifique que la condición de salud del eventual apremiado es realmente precaria y, además, que su detención podría agravarla aún más.

La Defensoría considera además que el proyecto de ley vulnera derechos de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad, pues no se asegura ni de forma plena ni absoluta que a todas estas personas se les garantizará su plena y efectiva participación en los procesos judiciales cuando su resultado incida en ellos o les afecte.