La decisión, tomada en Asamblea General Extraordinaria el sábado anterior (11 de mayo), autoriza al comité ejecutivo a definir la fecha y la modalidad del movimiento, según una valoración de las condiciones políticas y sociales, por lo que no se trata de una convocatoria inminente.

Sin embargo, la dirigencia queda en plena libertad para ordenar la huelga en el momento en que lo estime conveniente.

El movimiento sería para expresar el rechazo de los educadores a los proyectos de ley que proponen la fijación de un salario único para cada categoría laboral en el sector público, así como la declaratoria de la Educación como un servicio esencial, lo cual impediría la suspensión de actividades por huelga.

La protesta sería también contra la unificación de los diferentes regímenes de pensiones y la creación de un sistema de educación dual, de acuerdo con la moción aprobada por los sindicalistas.

Los gremios magisteriales participaron el año pasado en una prolongada huelga contra la aprobación del proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno, entre setiembre y diciembre, lo que provocó importantes trastornos en el desarrollo del curso lectivo.

Dicho movimiento inició de forma coordinada con el resto de organizaciones sindicales del sector público, pero la mayoría de los sindicatos levantaron la huelga al cumplirse un mes, sin haber logrado el objetivo de disuadir al gobierno del proyecto fiscal. Solo las asociaciones del Magisterio continuaron hasta diciembre.

Un tribunal de trabajo determinó que el movimiento fue legal, por lo que el gobierno debió pagar los salarios por el tiempo no laborado.