• Foro internacional de realizó en nuestro país

Hacia la consolidación del Derecho a la Paz como un Derecho Humano

  • El pasado 11 de febrero se realizó en San José en la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) un foro denominado "El camino hacia el derecho a la paz como derecho humano", auspiciado tanto como por el IIDH, como por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Observatorio Internacional de Derecho Humano a la Paz y La Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad (Women´s League for Peace and Freedom).
Nicolás Boeglin

En esta ocasión, las entidades de la sociedad civil participantes, académicos y líderes sociales presentes adoptaron la Declaración de San José III sobre el Derecho Humano a la Paz (ver texto final). El texto solicita, entre otros,  a Costa Rica y a los demás Estados de América Latina apoyar de manera decidida los esfuerzos en las Naciones Unidas para codificar mediante un nuevo instrumento normativo de carácter universal el derecho a la paz como un derecho humano. Se trata de una innovadora propuesta que pretende, con un nuevo tratado en materia de derechos humanos, consagrar a nivel universal el derecho que tiene todo ciudadano de un Estado Miembro de las Naciones Unidas a exigir la paz como un derecho, ya sea de manera individual o colectiva: tratándose de uno de los objetivos principales del mismo texto de  la Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945 (y que cumplirá 70 años en el 2015 sin haberlo aún logrado), la tarea pareciera algo titánica y el presente análisis pretende explicar los alcances de esta iniciativa y el papel que espera a Costa Rica.

Un intento de la sociedad civil ante los Estados

La promoción del derecho a la paz como un derecho humano parte de una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, liderada por la AEDIDH desde el año 2007, y que ha encontrado un exitoso écito en todo el mundo. Considerado como suficientemente consolidado por sus promotores, l el proyecto ha iniciado su peregrinar ante las distintas instancias de las Naciones Unidas que controlan los Estados en el 2012. Precisamente en el año 2012, se había adoptado en una reunión similar de la sociedad civil reunida en San José una Primera Declaración de San José (ver texto), seguida luego en el 2013 de la Declaración de San José II sobre el Derecho Humano a la Paz (ver texto integral) aprobada en un foro de idénticas características (ver nota de prensa) reuniendo a la sociedad civil  en la Universidad Nacional (UNA).
Anterior a ello, en septiembre del 2011, para la celebración del Dia Mundial de la Paz, dos reconocidas figuras de la música contemporánea, Miguel Bosé y Juanes se dieron cita en Ginebra para apoyar esta iniciativa. En el 2013, Miguel Bosé volvió a apoyar con su presencia este proyecto, en un foro celebrado en Ginebra co-auspiciado por Costa Rica. Desde ese año 2013, Costa Rica preside oficialmente como Estado el Grupo de Trabajo intergubernamental a cargo de la elaboración de esta novedosa propuesta en Ginebra. Además de la notas del afamado músico italo-español en favor de la paz mundial de la justicia y de los derechos humanos, se lee (en la nota precitada) por parte de Costa Rica que "Christian Guillermet, representante permanente adjunto de Costa Rica ante las NN. UU. en Ginebra y presidente relator del grupo de trabajo para un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, tomó luego la palabra para afirmar que América Latina apoya este proceso. De hecho, Cuba, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) presentará al Consejo de Derechos Humanos un documento solicitando que la paz sea considerada como uno de esos derechos fundamentales. Este proyecto tiene una base regional para luego seguir adelante y expandirse. Christian Guillermet desea que se renueve el mandato del grupo de trabajo y que se preserve un ambiente de consenso: "Hay que ir construyendo posiciones convergentes y abarcar a la sociedad civil con las ONG ya que una fundación como «Paz sin Fronteras es la caja de resonancia para los ciudadanos de a pie.» 

Un difícil sendero pero sendero al fin

Al tratarse de una iniciativa que busca frenar la extrema violencia imperante en el mundo y el comercio de armas que la alimenta, son muchos los intereses en juego que limitan el accionar de algunos Estados que se sitúan entre los mayores productores de armas a nivel mundial. En julio del 2012, por 34 votos a favor, 12 abstenciones y un solo voto en contra (Estados Unidos), el Consejo de Derechos Humanos estableció un grupo de trabajo de composición abierta que, en colaboración con la sociedad civil, se encargaría de la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz (ver nota de Elpais.cr). En febrero del 2013, las delegaciones oficiales de los Estados que participaron a la primera sesión de este grupo de trabajo se mostraron en su mayoría dispuestas a apoyar el proceso de discusión no sin advertir, algunas de ellas, los riesgos que implica al atacarse a intereses muy poderosos (ver texto de las posiciones oficiales). En junio 2013, pese a las notas de Miguel Bosé antes citadas, la iniciativa contó con la oposición de España y de varios países europeos productores de armas (ver nota de prensa de Público). En septiembre del 2013, un voto en Naciones Unidas en un tema no del todo ajeno al derecho humano a la paz dejó de igual manera aislada a la delegación de los Estados Unidos: el Consejo de Derechos Humanos, mediante votación mayoritaria (42 votos favor, 4 abstenciones y 1 en contra perteneciente a Estados Unidos), adoptó una resolución sobre el impacto de la transferencia de armas en los derechos humanos durante los conflictos armados. La resolución urgía, entre otros aspectos, a que los Estados dejen de transferir armas cuando existe el riesgo de que sean utilizadas para violar derechos humanos en conflictos armados. 

El caso de Costa Rica

A primera vista, un Estado sin ejército, con una sólida tradición de asilo y que se presenta al mundo como un Estado amante de la paz y del derecho internacional podría considerarse como totalmente ajeno a las discusiones y explicaciones de votos como los oídos en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra entre promotores y opositores al establecimiento del derecho a la paz como un derecho humano. Costa Rica podría esperar pacientemente que estas discusiones se plasmen en un instrumento internacional vinculante de aquí a unos años…  

No obstante, para sorpresa de muchos, una de las primeras aproximaciones a la paz como un derecho humano lo constituye  la sentencia  2004-9992 de la Sala Constitucional de Costa Rica: se trata del fallo que obligó al Ejecutivo de Costa Rica a retirarse de la Coalición en guerra contra Irak liderada por los Estados Unidos. Esta acción fue interpuesta por un entonces joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el señor Luis Roberto Zamora Bolaños. Para la Sala, “Existe una base común en las alegaciones y respuestas de todos los intervinientes en este proceso, en el sentido de reconocer la existencia de la paz como uno de los  valores constitucionales que informan nuestro ordenamiento, claramente distinguible no solo mediante la comprensión sistemática de nuestro texto constitucional, sino también como "constitución viva", según denomina la doctrina aquella particular manera en que el bloque normativo constitucional es entendido y actuado en la realidad por la sociedad. Tal criterio es compartido también por la Sala pues coincide con la visión que éste órgano ha plasmado ya en diversos pronunciamientos sobre el tema”.  En relación con el derecho a la paz como un derecho exigible al Estado que el accionante invocaba, esta histórica decisión de la Sala IV con fecha del 8 de septiembre de 2004  - cuya lectura se recomienda una y otra vez para interiorizar el alcance de su contenido - manifestaba que la paz es un derecho que constituye un valor “fundante” de la Nación de Costa Rica, que “legitima a cualquier costarricense para defenderlo, sin necesidad de juicio previo” y que puede ser considerado como “un interés que atañe a la colectividad en su conjunto”. 

Considerando que este tipo de traspié, como el que sufrió  el ser costarricense con esta equivocada decisión del Presidente Abel Pacheco del 2003, se podía dar de manera muy esporádica en la historia de un país, algunos observadores pudimos creer que la Sala Constitucional no volvería en muchos  años a conocer del derecho a la paz como un derecho humano, más no fue así. Este mismo derecho sirvió poco tiempo después de fundamento para exigir la anulación de un Decreto del Ministerio de Salud del 2006 que promovía la extracción y producción de material nuclear con fines bélicos. El voto  2008-14193 de la Sala Constitucional refirió nuevamente, esta vez consagrándolo como tal,  el derecho a la paz como un derecho humano y sentenció en la parte del por tanto, que: “Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando”. 

El observador (algo atónito, pero aún de pié) podía por un corto momento convencerse que estas extrañezas ocurren de manera muy accidental, y que los decisores políticos (en Costa Rica, como en muchas otras partes del mundo) no siempre leen con mucha atención la menuda letra de algunas disposiciones técnicas que firman como ministros o presidentes (podemos extender este problema de visión a otro tipo de decretos ejecutivos como por ejemplo, los decretos de interés público y conveniencia nacional de la época).  No obstante, esta falta de visión se extendería luego, como veremos, a algunas invitaciones oficiales hechas por uno de los más seguros aliados del Presidente Georges Bush en Europa: España. En efecto estas invitaciones giradas a las autoridades de Costa Rica en ese mismo período darían lugar a un nuevo ejercicio legal: el mismo derecho a la paz apareció de nuevo, esta vez como fundamento en acciones ante la Sala Constitucional para exigir que Costa Rica no enviara delegaciones oficiales a desfiles militares en España. El voto 15245-2006 del 2006 concluyó, con una leve sensación de enojo del juez constitucional hacia  las autoridades a cargo de las relaciones de Costa Rica con otros Estados, que: "Se declara con lugar el recurso. Se le ordena al Presidente de la República y al Ministro de Seguridad Pública abstenerse de enviar delegaciones a actividades militares que den a entender, en contra del Derecho de la Constitución, que Costa Rica posee un ejército. Se le ordena al Gobierno de la República efectuar las gestiones diplomáticas necesarias para modificar la página oficial de la Casa Real Española, en lo que respecta a la información atinente a Costa Rica".

Entrando entonces en una suerte de sopor mezclada de profundo estupor, el observador podía pensar un momento que todo se debe a un mal momento político, y que el entendible enojo del juez constitucional obligaría a las autoridades a rectificar una lectura errada que hace a un lado la tradición de paz del pueblo de Costa Rica. No obstante, reapareció el derecho humano a la paz, invocado, en ese mismo período, ante el juez constitucional de Costa Rica para que los policías de Costa Rica no recibieran entrenamiento en la Escuela de las Américas: se trata de un centro de formación de cadetes militares que convirtió a muchos de ellos en los principales torturadores, dictadores, jefes de inteligencia policial y militar, todos en gran parte responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que llenaron de luto (y siguen llenando …) a muchas familias de América Latina. Sus operativos (cuyas pruebas en muchos casos han sido destruidas a conciencia) han sido lentamente reconstruidos por ONG (años después) y completados por dolorosas entrevistas a las víctimas o a sus familiares: terminaron en algunos casos (pero no en todos) en gruesos expedientes en los estrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, que sirvieron de base para dictaminar (muchos años después) un fallo adverso al Estado del que son nacionales los susodichos cadetes.

Finalmente, es este mismo derecho humano a la paz el que sirvió de base legal para pedir, como ciudadano costarricense, la anulación de decretos armamentistas por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa esta vez, permeando así ya no la jurisdicción constitucional, sino otro componente del sistema judicial costarricense, el cual deberá conocer a partir de ahora de la existencia de este derecho humano a la paz.

Conclusión

Esta serie de fallos en años recientes devela una cara posiblemente poco conocida de Costa Rica ante sus propios nacionales, y más desconocida aún para los que no lo son. Se trata de textos adoptados de manera un tanto sorprendente en Costa Rica, y que el derecho humano a la paz ha logrado anular al violentar la reconocida tradición de paz y no militarista de Costa Rica. No obstante, declaraciones de un Ministro aduciendo desde la misma sede de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en enero del 2011 (y como máximo representante diplomático de Costa Rica) que el pais “debe revisar su tradición pacifsta” señalan que esta peculiar lectura continúa.  La denominada “trocha fronteriza” tampoco es del todo exenta y ajena a esta peculiar manera de ver y entender las soluciones a los problemas en el mundo (Nota 1). Aún más, después de haber leído, hace unas pocas semanas, al mismo  Luis Roberto Zamora (ver artículo) en relación a esta original idea defendida por la actual administración de considerar que se puede contener, con una ruta paralela al San Juan que inicia en Puesto Delta y termina 154 kilómetros después en los Chiles, las incursiones del Comandante Eden Pastora en Isla Portillos; y, en particular al releer varias aseveraciones de este destacado jurista según las cuales “El elefante no es tampoco que ante la consulta de quién ordenó la construcción de la Trocha, nadie sabe la respuesta”, y  “El elefante es que el Decreto de Emergencia fue publicado el día antes de la sentencia de medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a ambos gobiernos mantener la zona despejada y abstenerse de enviar personal. Dicho lo anterior… ¡la emergencia dejó de existir el día después de publicado el decreto!” (Nota 2) es muy probable que pronto volvamos a ver al talento de Luis Roberto Zamora Bolaños exhibido en una nueva sentencia de los tribunales de justicia.  

(*Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR)

Nota 1: La idea conceptual de base para construir una ruta paralela a una frontera en casi toda su extensión (que subyace a la denominada “trocha fronteriza”) corresponde más que todo a una opción militar que, al día de hoy solo países altamente militarizados como las dos Coreas (en su frontera común) o Israel (en sus fronteras con Siria, Líbano, Egipto y Jordania) han explorado para vigilar metro a metro sus fronteras y “contener” incursiones de suss vecinos. Ver a este repseto nuestro modesto artículo al respecto.

Nota 2: Estas dos aseveraciones recientes explican tal vez que, hace menos de 2 años, las autoridades se negaran a venir a debatir con académicos los alcances de este proyecto considerado como “prioritario” por la actual administración de la Presidenta Laura Chinchilla: remitimos al lector a  notas de prensa sobre actividades realizadas en marzo del 2012 en el ITCR y en septiembre del 2012 en la UNA con similar resultado en cuanto a asistencia de las autoridades del Estado costarricense.

Para mayor información sobre la discusión doctrinaria a la que ha dado lugar este derecho humano a la paz:

Libros: Compilación de estudios, VILLAN DURAN C. FALEH PEREZ C. (Ed.), Contribuciones regionales para una Declaración Universal sobre el Derecho a la Paz, AEDIDH, 2010, Narcea Ed., Madrid. Texto integral de la obra disponible aquí.

Artículos:  Artículo del Dr. Gilbert ARMIJO, actual Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica (en particular pp. 258 y ss).

Artículo de la Dra. Ana SALADO OSUNA sobre la Declaración de Luarca del 2008.