El líder Brörán Pablo Sivas y la líder Bribri, Roxana Figueroa, acompañados por el abogado Gustavo Cabrera, la investigadora de la UCR, Maritza Marín. (Foto: Laura Rodríguez ODI/UCR)

Aunque los indígenas pedían ver al presidente Alvardo, fue el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, quien recibio al grupo. Alfaro está a cargo de la comisión de alto nivel de gobierno para el cantón de Buenos Aires, recién creada, donde están ubicados los territorios de Salitre y Térraba protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los cuarenta Nobel Alternativos intercedieron para pedir justicia por el asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz ocurrido el pasado 18 de marzo, un acto brutal que no puede quedar en la impunidad, señalaron y abogaron para que se garantice la seguridad y el respecto de los pueblos indígenas.

Con vehemencia llamaron la atención al gobierno, “la ausencia de intervención de las autoridades para poner fin a la ocupación de sus territorios por parte de personas no indígena ha desencadenado en diversos actos de violencia en contra de pueblos pacíficos”.

La acción realizada este lunes en la Casa Presidencial fue promovida por la fundación “The Right Livelihood Award”, organización sin fines de lucro que por medio de los llamados “Premios Nobel Alternativos” visibiliza relevantes luchas a nivel mundial.

La indignación que causó en el mundo el asesinato de Rojas y al conocer las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica, los hizo reaccionar y los Nobel Alternativos levantaron la voz para decir "basta de heridos, de mutilados y de muerte indígena en Costa Rica” y “basta de un Estado Nacional ausente".

“No descansaremos hasta que estas demandas se cumplan”, advirtió Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award.

En el documento lamentaron que "antes de la muerte de Sergio Rojas hubo un largo camino de violencia evitable, con responsables gubernamentales y particulares. Este es un camino que nunca más debe ser transitado".

Compromiso del Gobierno

El pronunciamiento fue recibido por el Viceministro de la Presidencia Juan Alfaro de manos del indígena Bröran, Pablo Sivas y de la líder Bribri, Roxana Figueroa; acompañados por el abogado Gustavo Cabrera, la investigadora de la UCR, Maritza Marín y la estudiante de esa universidad Mariana Quirós.

Sivas expresó su sorpresa y malestar al no ser recibido por el presidente Carlos Alvarado para entregar el documento, sin embargo, dijo que serían “benevolentes” con el gobierno y dieron un plazo de 15 días para que les den una respuesta oficial a sus demandas.

El Viceministro Alfaro explicó que fue designado por el presidente Alvarado para la atención de las demandas de los pueblos indígenas “no solo con el cumplimiento de las medidas cautelares, sino para impulsar la solución de las causas subyacentes al conflicto que existe en Salitre y en Térraba”.

“El hecho de que sea yo quien los está recibiendo es un acto formal y afirmativo de recibir el documento y garantizar que llegue al lugar correcto, para que sea analizado” afirmó. Alfaro dijo que el gobierno se compromete a “demostrar que queremos llegar a los resultados” esperados. 

La investigadora Maritza Marín expresó el interés de la Universidad de Costa Rica (UCR) en facilitar el diálogo entre la academia, los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos a fin de favorecer el proceso para establecer el pleno respecto de la población indígena en temas de territorialidad, violencia, racismo y cumplimiento de la legislación nacional e internacional.

“Tenemos muchas décadas de políticas y de planes, pero no se concretan y sólo van desgastando a las organizaciones. Yo creo que es necesario llevar todas esas palabras a los hechos y es un reto importante concretarlo por medio de acciones que de verdad mejoren la calidad de vida de estas personas” señaló la académica.

La Ley

En nuestro país hay escasa legislación sobre los pueblos originarios pero la Ley Indígena 6172 que data de inicios de los años setenta, establece la protección de los territorios indígenas que son inalienables, comunitarios y prohíbe la tenencia por parte de personas no indígenas. Esta ley recibió el respaldo del Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1992, ratificado por el Estado costarricense.

En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) estableció medidas cautelares que otorgan responsabilidad al gobierno costarricense respecto de la protección de los territorios de Térraba y Salitre.