1.- UNA HUELGA GREMIAL.- La huelga, por un lado, es ciertamente una reacción gremial para defender ventajas laborales y salariales desiguales que benefician a menos de un 20% de la población (sector público) y que no disfrutan el restante 80% de los costarricenses que trabajan en el sector privado formal e informal. En realidad, es  menos del 20%, porque sólo un 6% o 7%  de los trabajadores pertenecen a las  instituciones autónomas y semi-autónomas.

2.- Esos beneficios desiguales son: una cesantía de 10, 12 o 15 años, muy superior a los 8 años del 90% de los costarricenses regidos por el  Código de Trabajo; dedicaciones exclusivas de algunas autónomas y semi-autónomas que incrementan el salario de 35% a 50% sobre la base del tiempo completo ya devengado; regímenes de pluses (y sobre-pluses) que, efectivamente, llevan salarios a un 150% por ciento. Anualidades que en, algunos casos, superan el 4% o 5%, sobre la base, aunque la inflación sea menor y no indexados a ésta; el “enganche salarial” para trabajadores de la CCSS que, en ocasiones, supone aumentos salariales netos de hasta el 40% más y varios etcéteras. De nuevo, el 90% de los costarricenses no disfrutan de estos beneficios (todos los trabajadores privados del país y casi todos los empleados del Gobierno Central. Sólo los empleados de autónomas y semi-autónomas). --Ciertamente el país necesita corregir abusos e ir buscando EQUIDAD en los salarios y las distribuciones.

Sin embargo, la protesta sí tiene razón en algo fundamental. El problema no es blanco y negro.

3.-  LA REFORMA TRIBUTARIA ES INJUSTA.  El problema es que la reforma tributaria-- al menos la última versión del texto que salió de Comisión Legislativa-- es claramente injusta. Su principal problema está en el impuesto a la renta. Las razones son las siguientes:

• El paquete tributario deja EXENTOS los 197 regímenes de exoneración existentes en Costa Rica creados a partir de 200 diferentes leyes (Fuente estadística: "Estudio del gasto tributario, Ministerio de Hacienda de Costa Rica", Gobierno de Costa Rica, 2017).

• Dentro de este marco, el paquete tributario deja EXENTAS, una vez más, del pago de renta a las cooperativas, incluidas algunas gigantes como la Dos Pinos, Coope-Arroz, la Caja de Ande, y algunas otras que mueven millones de dólares al año. Más del 10% del PIB agrícola costarricense tiene origen en cooperativas: el 20% de la elaboración del azúcar, el 40% de la producción de café y el 90% de la leche industrializada, este es un sector dinámico y robusto y los proteccionismos fiscales no se justifican.

• El paquete tributario amplía y deja EXENTAS de renta ahora a todas las iglesias, no únicamente a la católica. Algunas de estas "nuevas iglesias" se han convertido en caretas económicas, que mueven grandes fondos y negocios en el país.

• El paquete tributario deja, una vez más, totalmente EXENTO de renta al régimen de zonas francas, cuando la OMC y la OCDE nos dicen desde hace más de una década que deberían hacer una contribución tributaria en renta de al menos un 8%. El gasto tributario en el año 2016 en el impuesto sobre las utilidades a la personas jurídicas, ascendió a la suma de ¢357.195,46 millones, es decir un 1,15% del PIB 2016. El mayor gasto tributario se presenta con las zonas francas con un 0,87% del PIB.

• Por otro lado, el 25% de las empresas del Régimen de Grandes Contribuyentes, de acuerdo con datos de la Contraloría General de República (DFOE-SAF-IF-0002-2018), declaró pérdidas entre los años 2010 y 2016; los montos determinados de impuestos producto de las fiscalizaciones realizadas por Tributación pasaron de ¢9.217 millones, en el 2010, a ¢2.274 millones, en el 2016. Ello no sólo viola la justicia tributaria, sino que además es inmoral. 

Es decir, quienes seguirán pagando la renta en Costa Rica serán los mismos contribuyentes de siempre. En primer lugar, una gran cantidad de empresarios que pagan la totalidad de sus impuestos, y que no están inscritos en ningún régimen de exención. En segundo lugar, las PYMES de Costa Rica, que al no estar tampoco inscritas en regímenes de exención pagan la totalidad de sus impuestos y que continúan siendo muy susceptibles a la mortalidad dado que 8 de cada 10 no sobrepasan los 3 años de operación. Tercero, los asalariados a los cuales les incrementará la renta en un 5% del salario bruto (de las bases del 20% o 25%) y según el ingreso. Esto se podrá controlar, básicamente a los salarios del sector público, donde no es posible separar salarios de pagos por dietas u otros rubros indirectos o debajo de la mesa que serían opacos al control fiscal.

La urgencia de aprobar algo (pues el agua nos llegó al cuello y necesitamos alguna reforma fiscal para ir a buscar plata afuera, al BID, al Fondo Monetario, al Banco Mundial), nos está generando un modelo tributario aún más regresivo e injusto.

¿No sería ya el momento de pensar creativamente en algo nuevo? Por ejemplo, una renta pareja y estándar para todo el mundo de un 20% o 22% y eliminar de un plumazo todos los regímenes de exención y privilegios de pago fiscal. Que todo el mundo pague por igual.  ¿No es hora de que exista justicia tributaria? Los que hoy pagan mucho, pagarían menos. Y los que no pagan, empezarán a contribuir con el país. 

Ese sí sería un verdadero socollón para dinamizar la economía.