Mejoran indicadores económicos y sociales, pero urgen cambios estructurales, dice Estado de la Nación

Algunos de los indicadores sociales y económicos más importantes mostraron resultados positivos en 2016 y 2017: se redujo la pobreza, bajó el desempleo y aumentó en términos reales el ingreso promedio de los hogares, asegura el Informe Estado de la Nación dado a conocer este martes. Sin embargo, el estudio advierte que estos y otros logros de la actual administración no serán sostenibles si no se realizan cambios en la estructura de la producción y una mejora en la calidad del empleo.

El estudio, que realiza anualmente un equipo de investigadores de las cuatro universidades públicas, concluye que el país necesita diálogo y acuerdos interpartidarios para consolidar los cambios mediante reformas económicas y políticas que resultan urgentes.

“Tanto el costo de la canasta básica alimentaria como la línea de pobreza disminuyeron, un hecho sin precedentes en últimas décadas; bajó el desempleo; aumentó en términos reales el ingreso total promedio de los hogares para casi todos los grupos –luego de dos años de contracción– y nuevamente creció la inversión social pública, mejora que permitió, por segundo año consecutivo, superar los niveles reales de inversión por persona de 1980, tras largos 35 años sin alcanzar ese rango”, señala el informe.

No obstante, “la desconexión entre el crecimiento económico y la generación de empleo se mantiene, y la reciente caída en la tasa de desempleo se explica por el aumento de puestos en el sector informal, no en las actividades de mayor dinamismo y calidad de las condiciones de trabajo”, precisa el estudio.

Los investigadores recuerdan que las transferencias públicas constituyen la mayor parte de los ingresos de las familias más pobres, por lo que cualquier recorte en los fondos destinados a los programas sociales tendría un efecto negativo. En un contexto de crisis fiscal, está amenaza estará siempre latente por lo que la postergación indefinida de un ajuste en las finanzas públicas “es grave desde el punto de vista del desarrollo humano”.

La reforma fiscal, de acuerdo con el Informe Estado de la Nación, no solo es urgente sino que debe contemplar cambios en el modelo impositivo y en la orientación y calidad del gasto público. Esto solo será posible mediante un acuerdo entre las distintas fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

“No son nuevos, pues, ni la creciente insostenibilidad de las finanzas públicas ni los llamados del Estado de la Nación a un acuerdo político en el tema fiscal. Lo novedoso es la gravedad de la situación y sus implicaciones. El Gobierno Central ha empezado a enfrentar severos y reiterados problemas de flujo de caja para atender sus gastos, sufrió una nueva rebaja en la calificación internacional de su deuda e incrementó de manera notable su endeudamiento”.

La leve y pasajera reducción del déficit fiscal entre 2015 y 2016 (de 5,9% a 5,2%), producto de esfuerzos administrativos y de contención del gasto implementados en esos años, fue insuficiente para resolver el desbalance estructural de las finanzas públicas. Pese a ello, el país siguió cubriendo con deuda una parte creciente de sus gastos corrientes –en su mayoría inflexibles–, situación que aumenta la presión contra la estabilidad, advierte el estudio.

“Uno de los principales factores que explican la dificultad para atender los problemas estructurales del estilo de desarrollo es político. Los partidos, los grupos de interés y los poderes del Estado se bloquean mutuamente y provocan inercia e inacción, situaciones que han sido recurrentes en lo que va del siglo XXI”, consideran los analistas.

“Esta apreciación no varía, pese a que la presente edición documenta la mejora coyuntural en los resultados de algunos indicadores de gestión política durante el tercer año de la administración Solís Rivera”.