• Análisis jurídico de la situación

Costa Rica: la implementación de los derechos indígenas aparentemente encaminada

Por Karine Rinaldi*. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara, el 30 de abril de 2015, Medidas Cautelares a favor de los Pueblos indígenas Bribri de Salitre y Brörán de Térraba (MC n.321-12) –ambos ubicados en el cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, e inmersos en un proceso de defensa y recuperación de sus territorios ilegalmente ocupados por personas no indígenas (ver la nota publicada al respecto en este mismo medio de comunicación)–, el Estado no había mostrado una clara voluntad de implementar tales medidas.

Líderes de los territorios Térraba y Salitre durante la presentación de denuncias de agresiones en San José. (Foto:InformaTICO)

De hecho, nunca se había reunido con los beneficiarios Brörán, y, con respecto al Pueblo Bribri, apenas habían existido algunos intercambios de borradores de Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, y una reunión en el territorio, en abril de 2016, con una delegación del Estado liderada por la Ministra de Justicia.

Sin embargo, la situación parecería estar cambiando. Al respecto, en un Grupo de Trabajo celebrado el 2 de diciembre de 2016 en el marco del 159 período de sesión de la CIDH, en Panamá, con representantes Bribri y Brörán Beneficiarios de las Medidas Cautelares y sus asesores legales del Forest Peoples Programme, el Estado se comprometió a realizar concertaciones con ambos grupos para trabajar sobre la implementación de estas medidas –solicitadas por el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente–. Tales concertaciones se iniciaron el 25 y 26 de enero de 2017, en Térraba y Salitre, respectivamente.

En Térraba, los Beneficiarios Brörán lograron acuerdos importantes, tales como la organización de reuniones con diversas instituciones del Estado, la creación de una Comisión de Seguridad, y la capacitación en derecho indígena a oficiales de la Fuerza Pública.

Entre las reuniones se encuentran las acordadas con el INDER (Instituto de Desarrollo Rural, anteriormente IDA –Instituto de Desarrollo Agrario–, y anteriormente ITCO –Instituto de Tierras y Colonización–, ente encargado por la Ley Indígena de reubicar o expropiar a los ocupantes no indígenas que adquirieron tierras en los territorios indígenas antes de la adopción de la Ley) y con la Fuerza Pública (con el fin de mejorar la protección policial de los indígenas víctimas de violencia por luchar por el saneamiento de su territorio).

Otras reuniones serán gestionadas con DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) con el fin de adecuar el padrón de afiliados a la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) con la Base de Datos de los integrantes del Pueblo Brörán –realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones–, y con la Fiscalía, para monitorear el avance de los casos de violencia en contra de los indígenas, y estudiar las denuncias existentes por usurpación en contra de indígenas (contrarias a la política de no procesamiento de indígenas por luchar por la recuperación de sus territorios).

En Salitre finalmente se logró concretar el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares. Tal Protocolo prevé medidas de seguridad, de saneamiento territorial y de coordinación interinstitucional.

Como medidas de seguridad se pactó la creación de una Comisión de Seguridad –con participación, además de representantes del Estado, de representantes Bribri designados por los beneficiarios de las Medidas Cautelares–, la capacitación a oficiales en derechos humanos y derechos diferenciados de los pueblos indígenas, así como mayores patrullajes en el territorio (tanto aleatorios como específicos) para prevenir actos de violencia en contra de los recuperadores de tierras, un enlace telefónico de emergencia (que recae en el Vice Ministro de Paz) y un Plan de emergencia.

Por otra parte, mediante una Comisión de saneamiento territorial –también con participación Bribri además de representantes del Estado–, se trabajarán y coordinarán los desalojos administrativos de personas no indígenas, se seguirá y colaborará con el estudio situacional que realizará el INDER, y se impulsarán las causas judiciales y administrativas relacionadas con la defensa territorial.

Finalmente, este Protocolo también prevé medidas de coordinación interinstitucional, entre las cuales se encuentran capacitaciones a funcionarios judiciales en materia de derecho indígena, y seguimiento a los casos de violencia en contra de los Bribri que luchan por el saneamiento de sus tierras. Sin embargo, de manera paralela al Protocolo, los Beneficiarios Bribri siguen a la espera de la firma por el Estado de los otros acuerdos logrados verbalmente en la concertación del 26 de enero.

Siguiendo esta línea, los días 9 y 10 de febrero, en Térraba y Salitre respectivamente, se celebraron ya las reuniones acordadas con el INDER. Después de una presentación por parte de la institución de su Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan-RTI), ambos Pueblos presentaron sus observaciones y el INDER se comprometió a revisar, modificar y completar el Plan-RTI con base en estas.

Cabe resaltar, sin embargo, que este Plan, a pesar de afirmar que tiene como objetivo “devolver” los territorios a sus legítimos dueños en un plazo de seis años, no prevé –de momento– las herramientas necesarias para tal fin.

En este sentido, simplemente se prevé la conformación de expedientes por ocupantes para que la institución recomiende “lo procedente, ya sea expropiación, derecho de posesión o desalojo”: más allá de estas recomendaciones, el Plan no vincula a las instituciones responsables de, concretamente, implementar el saneamiento (expropiar por un lado, y, por otro, desalojar a los ocupantes no indígenas de mala fe, es decir, aquellos que adquirieron tierras en los territorios indígenas con posterioridad a la promulgación de la Ley Indígena; ver en particular sus artículos 3 y 5).

Sin embargo, el Estado es internacionalmente responsable de sanear los territorios indígenas; en este sentido, no es suficiente con entregar un título colectivo de propiedad, sino que es también necesario asegurar que no indígenas no posean tierras en los territorios indígenas (ver en particular la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH– en el Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 304).

Así, hasta que el Estado no asuma que es uno solo en la escena internacional, cada institución seguirá trabajando aisladamente, y toda iniciativa de cumplir con la obligación de saneamiento será parcializada.

Sin embargo, como bien indicó Sergio Rojas, líder del Pueblo Bribri de Salitre, “si el INDER quiere, por fin, aportar un ejemplo a nivel nacional de cumplimiento de la Ley Indígena, es momento de hacerlo”. De la misma manera, diversos integrantes del Pueblo relataron al INDER las constantes amenazas y agresiones que sufren por parte de no indígenas ocupantes ilegales en su territorio, por lo que abogaron por un cumplimiento urgente de la Ley Indígena –adoptada hace 40 años–, que prevé que el territorio sea exclusivo para los indígenas.

Adicionalmente a la reunión con el INDER, los Beneficiarios de las Medidas Cautelares están a la espera de las otras reuniones acordadas. En palabras de doña Elizabeth, mujer Bribri del clan Bubölwak, tales avances representan “un logro, que durante muchos años no se veía; no era una realidad”. Pero según doña Vicky, mujer Bribri del clan Yëyëwak, “ahora el Estado tiene la responsabilidad de seguir adelante, y nosotras, mujeres valientes, vamos a asegurarnos de que no se haga ningún paso atrás”.

Finalmente, cabe mencionar que, a pesar de estas recientes muestras de buena fe por parte del Estado, la violación a los derechos diferenciados de los pueblos indígenas es una realidad en Costa Rica.

Así, el 29 de noviembre de 2016 se presentó en representación del Pueblo Bribri de Salitre una Petición a la CIDH (registrada con el número P-2472-16). En ella se denuncian las violaciones al derecho de propiedad (principalmente porque la delimitación del territorio realizada por el Estado no corresponde al territorio tradicional, porque el título de propiedad no está en manos del Pueblo como tal sino de la ADI, y porque el territorio está ocupado por personas no indígenas, por lo que tampoco Costa Rica cumplió con la obligación de remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en cuestión).

También se denuncia la violación al derecho a la personería jurídica, en razón de la imposición por el Estado de la figura de las ADI, contrario al derecho de los pueblos de elegir sus propias formas de representación política y jurídica. Asimismo, se alega la violación del acceso a la justicia por la ausencia de mecanismo de reivindicación del derecho territorial, por la inefectividad de los recursos comunes interpuestos en contra de los ocupantes ilegales en el territorio, y por las demoras indebidas en el procesamiento de sus denuncias por violencia.

Adicionalmente, se alega la violación al derecho a la integridad física en razón de las agresiones constantes que sufren los integrantes del Pueblo en represalias a sus acciones de recuperación territorial, sin que el Estado tome las medidas necesarias para correctamente investigar, perseguir y eventualmente sancionar a los responsables. En el fondo, se alega una inadecuación de la ley costarricense al derecho interamericano.

(* Karine Rinaldi, Licenciada en Derecho, Magíster en Derecho Internacional Público y Doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Abogada para la organización Forest Peoples Programme. Karine@forestpeoples.org)