Fabricio Alvarado convocaría a referendo para sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos

El candidato a la Presidencia por el Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, dio a conocer este jueves su intención de convocar a un referendo para sacar al país de la Convención Americana de Derechos Humanos, en caso de que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) sobre el matrimonio igualitario resulte vinculante para el país.

Así lo expresó el también predicador evangélico tras dejar su curul en la Asamblea Legislativa para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral. De ganar las elecciones, aseguró, buscaría esa o cualquier otra manera de evitar que el país apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La otra opción -dijo- es aprobar una ley para no tener que cumplir con dicho criterio. Sin embargo, esta opción es inviable pues los tratados internacionales tienen rango superior a las leyes nacionales de los países que los suscriben.

El único país que se ha salido del sistema interamericano de derechos humanos para evitar cumplir una resolución de la Corte IDH es Venezuela, bajo el actual gobierno de Nicolás Maduro.

Cuba tampoco forma parte de dicho sistema pues fue expulsada desde 1961 de la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuyo contexto funciona la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El sistema está fundado en la Convención Americana de Derechos Humanos, un acuerdo firmado por 23 Estados del hemisferio en el cual se comprometen a respetar derechos fundamentales como el de la vida, la libertad de expresión y de culto religioso, la educación, la no discriminación por razones de sexo, etnia o condición social, entre muchos otros.

La Comisión, con sede en Washington, y la Corte, con sede en San José, son los organismos que se encargan de garantizar el cumplimiento de tales derechos.

Cientos de resoluciones dictadas por la Corte IDH desde su fundación han obligado a gobiernos latinoamericanos a restaurar derechos negados a personas o grupos de personas o a indemnizar a las víctimas de actos de lesa humanidad. La aplicación de medidas cautelares ha salvado la vida de muchos ciudadanos en distintos países de la región.