La sentencia resolvió los alegatos legales del Colegio de Geólogos de Costa Rica aduciendo lesiones a la jerarquía normativa y a su derecho al trabajo. Otra derrota para los intereses que quieren amarrar al país a la contaminación y agravar el cambio climático con el extractivismo petrolero.

La Sala Constitucional volvió a legitimar las moratorias amparados en las potestades del Poder Ejecutivo y compromisos internacionales contra el cambio climático en su resolución2018-3850 del 7-3-2018.

El presidente de la Federación Conservacionista Costarricense (FECON) Mauricio Álvarez, recordó que la moratoria es un logro de 20 años de movilización ecologista y comunitaria (Semanario Universidad, 15-4-2015).

“En la década de los noventas se aprobó una Ley de Hidrocarburos, aún vigente, de estilo colonial que regala nuestro petróleo a las trasnacionales a cambio de comprárselos a precio de mercado internacional, para que se realizaran dos licitaciones que entregaron tierras del Caribe en 1997 a la empresa Harken y en la zona norte, en el 2000, a la Mallon Oil ambas concesiones representaban el 30% del territorio nacional”, precisó Álvarez.

“Sin embargo, agregó, después de una histórica campaña de resistencia ante las concesiones del Caribe, a la empresa Harken se le rechazó su Estudio de Impacto Ambiental necesario para iniciar su actividad (Ver más en Revista La Bici 1 y La Bici 2: http://www.grupoadela.org/labici)”.

“La decisión fue histórica pues por primera estableció límites ambientales para este tipo de mega-inversiones y se demostró técnicamente que eran mayores los costos que los beneficios. La concesión en la zona norte se detuvo durante varios años por recursos legales y finalmente nunca se concretó con la firma de un contrato” dijo Álvarez, quien también es académico de la Universidad de Costa Rica. (ver más en: http://bit.ly/1ul5Utl).”

Como respuesta a esta oposición legal y técnica a estas dos licitaciones el presidente Abel Pacheco (2002-2006) declaró una moratoria petrolera que fue apoyada, pero con una acción contradictoria, al final del Gobierno de Arias al negarse a firmar el contrato con la Mallon Oil pero firmando un acuerdo con China. Harken también amenazó con demandar al país, pero no tuvo suerte en sus intenciones. Finalmente, el anterior gobierno adoptó el decreto que fue ampliado hasta 2021, por la actual administración Solís Rivera.

Álvarez señaló que “la sociedad costarricense llegó a un importante consenso de que nuestro desarrollo no debe basarse en la industria extractiva. Esta decisión nace de la certeza de que nuestros bosques, humedales, mares, nuestra gente y la democracia, valen más que el oro o el petróleo”.

Para Álvarez, la sentencia de la Sala IV “nos deja una moratoria petrolera más resistente a los vientos del fundamentalismo neoliberal. Esta moratoria nos consolidaría como el primer país libre de industrias extractivas transitando hacia una sociedad post petrolera y más armoniosa con el ambiente”.

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