• Derivados del cultivo extensivo de piña

UCR reveló contaminación por plaguicidas de fuentes de agua potable en zona norte

Científicos de la Universidad de Costa Rica confirmaron lo que se decía a voces desde hace tiempo: que el monocultivo extensivo de la piña está contaminando las fuentes de agua potable en la zona norte, según el estudio del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA). Otro dato que se conoció este jueves es que, desde 2015 con resultados parciales, los investigadores advirtieron a las instituciones competentes que debía alertarse a la población y tomar medidas de inmediato. 

La investigadora Laura Brenes y el Vicerrector Fernando García, en la presentaron de resultados este jueves.(Foto:ODI)

El estudio del CICA – UCR permitió establecer que los agrotóxicos presentes con mayor frecuencia y volúmen en fuentes de aguas superficiales y profundas son el bromacil, ametrina y el diurón en acuíferos de las comunidades de Pital, Aguas Zarcas, Venecia y Río Cuarto, de San Carlos, contaminantes derivados del cultivo de piña, señaló el Vicerrector de Investigación, Fernando García, quien con los investigadores Laura Brenes y Grevin Pérez presentaron los resultados este jueves.

La investigación tomó estado público por una gestión del diputado ambientalista José María Villalta (Frente Amplio) que fue acogida por la Vicerrectoría de Investigación, instancia que insistió en que el periodo de observación (2015-2018) no ha concluido por lo que “son resultados parciales”.

Al conocer el informe el diputado Villalta expresó con molestia que “no sé qué es más grave, que se confirme la presencia de agrovenenos en el agua de estas comunidades o que instituciones públicas como el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y el Ministerio de Salud escondan esta información mientras hay personas tomando agua contaminada”.

La Comisión legislativa de Ambiente aprobó en forma unánime la moción de Villalta para abrir una investigación basada en los estudios del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Como primera acción la comisión acordó recibir a estas dos instituciones en audiencia.

“Además de la audiencia, vamos a investigar ambos ministerios por no tomar acciones contundentes e inmediatas para proteger la salud de las personas habitantes de las zonas afectadas”, dijo el diputado.

El primer informe del proyecto de investigación (2015) reveló señales de alerta sobre contaminación por plaguicidas de las fuentes de agua potable, pero los datos no fueron publicados a solicitud del SFE que los declaró “confidenciales” señalaron los investigadores, razón por la cual, los universitarios se abstuvieron de difundirlos.

Pero en esta ocasión dijo el Vicerrector García, "la investigación que se realiza en la Universidad de Costa Rica y particularmente ésta, es una investigación que se financia con fondos públicos y por lo tanto estamos en la obligación de brindar resultados a la sociedad costarricense".

Con anterioridad (abril de 2017) la investigadora principal de este estudio, Elizabeth Carazo, envió un informe al director en ese momento del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Marco Vinicio Jiménez, en el que señalaba que “los resultados presentados en este informe se deben discutir urgentemente con las autoridades pertinentes para la toma de decisiones”.

Además señaló Carazo que si bien los niveles de concentración presentes en el agua eran bajos de acuerdo a la norma internacional EPA, en Costa Rica "las regulaciones para interpretar esas normas no están basadas en análisis de riesgos" y son inconsistentes por lo que se debían tomar acciones frente a esa situación, y recomendó un análisis de la información generada “no solo a nivel nacional sino también internacional para tener un contexto con base científica para implementar las regulaciones necesarias”.

Pese a las advertencias y recomendaciones, el SFE decidió no hacer público el informe aún cuando se trataba de un proyecto financiado con fondos públicos, sobre un tema de salud pública, que revela algún grado de peligro para la vida de las personas de las zonas afectadas.

Una situación que para el diputado Villalta debe investigarse tanto en el MAG y el Ministerio de Salud como en el SFE y el CICA.

El Vicerrector de Investigación, por su parte, fue enfático al aclarar que se enteró de la existencia del estudio que realiza el CICA, 24 horas antes de la presentación a la prensa este jueves en la Ciudad de la Investigación de la UCR.

Pérez, puntualizó también en que el estudio no ha concluido y que no se han tomado muestras de agua en los 22 puntos de aguas superficiales y 10 de aguas subterráneas del estudio, a partir de la prohibición del bromacil en Costa Rica el año pasado (2017), por lo que desconocen si los niveles de contaminación han variado en estos meses. Resaltó que “este proyecto servirá como línea base para que las autoridades competentes actualicen la regulación nacional en materia de valores máximos permitidos de plaguicidas”.

Los científicos insistieron en que los resultados están incompletos ya que el periodo de observación concluye a finales de este año, cuando la Universidad hará la presentación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en su totalidad.

La investigación

La investigación de CICA/UCR que registró la contaminación por plaguicidas del agua potable, es sobre “Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de piña en la Zona Norte” a petición del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las comunidades de Pital, Aguas Zarcas, Venecia y cantón de Río Cuarto de San Carlos.

Como parte del estudio, se tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes), ubicados en dichas localidades. Los muestreos en aguas superficiales se realizaron durante los años 2015, 2016 y 2017 tres veces al año, en las épocas seca, lluviosa y de transición. Mientras que los muestreos en aguas subterráneas se realizaron durante el 2015, 2016 e inicios del 2017.

En aguas superficiales  se detectaron el bromacil, la ametrina y el diurón, herbicidas del cultivo de la piña, los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados en muestras de ríos y quebradas durante el desarrollo del proyecto.

El bromacil fue prohibido por el Gobierno para su importación a partir del 24 de mayo del 2017 y para su uso a partir de noviembre del mismo año. También se detectaron en menor medida otros plaguicidas como metalaxil, carbendazím y hexazinona.