• Opinión

La Asamblea Nacional Constituyente y el referéndum

Por Natalia Rojas Zamora. El 5 de setiembre anterior, un grupo de ciudadanos de diferentes sectores de la sociedad civil y vertientes políticas del país, presentaron oficialmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones, una petición para convocar y conformar la Asamblea Nacional Constituyente por medio de referéndum, poniendo en marcha el proceso de construir una nueva Constitución Política que responda a las necesidades y particularidades propias que tiene por derecho a vivir cada generación.

Natalia Rojas Zamora, analista.

En atención, el TSE determinó mediante resolución n. 6187-E9-2016 de fecha 13 de setiembre del presente año, que se desprendía el carácter de ley que tiene la vía de convocatoria al Poder Constituyente; sin embargo, a pesar que la iniciativa no se encontraba en los supuestos de rechazo de admisibilidad, se observaban inconstitucionalidades que imposibilitaron admitir el trámite de la autorización para la recolección de firmas, agregándose que los promoventes no habían previsto en el proyecto la remisión de la nueva Constitución Política por parte de la Asamblea Nacional Constituyente a referéndum, para que fuera la ciudadanía quien finalmente lo aprobara o improbara.

Con lo que hace reflexionar sobre los fines del instituto del referéndum, en un acto creador de la norma constitucional, como máxima del ordenamiento jurídico-político. Cuando al respecto el mismo TSE ha indicado que el referéndum es una de las formas de impulso, a las decisiones trascendentales del país y un control político del Estado (resolución n. 790-E-2007).

Es así que, a efectos de una convocatoria a una Asamblea Constituyente y nueva Constitución Política, operaría el referéndum como mecanismo amplio de participación ciudadana, en el sentido que sería el control popular en el ejercicio del poder, contribuyendo y controlando la formación y ejecución, tanto de los representantes que conformarán la Asamblea, como con respecto al contenido del nuevo texto constitucional, para lo cual el pueblo deberá leerlo y comprenderlo.

De la reforma general de la Constitución sólo se conoce que puede efectuarse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto, sin embargo, el artículo 196 de la Constitución no explica cuándo y cómo opera la reforma, tampoco se cuenta con alguna otra referencia normativa que así lo aborde. Sobre la experiencia costarricense, la convocatoria ha ocurrido cuando se forma un nuevo Estado -como en el año 1821-, cuando se rompe el orden constitucional -como ocurrió en 1948-, o cuando el poder constituyente derivado así lo acuerde, por votación no menor de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. Por lo que tampoco se cuenta con un antecedente como el planteado, que arroje con más detalle, cómo debe operar la reforma general de la Constitución Política que nos rige.

El TSE por su parte, dentro de las competencias constitucionales posee la función de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales, referentes a materia electoral (inciso 3 del artículo 102); entendiéndose que al ajustarse el proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente conforme a lo resuelto por el TSE en la resolución n. 6187-E9-2016 anteriormente comentada, se daría paso a una primera manifestación de la voluntad soberana en delegar el efectivo ejercicio del poder constituyente, en una Asamblea Nacional Constituyente, una vez recolectadas las firmas para someter el proyecto a referéndum.

Pues lo cierto es que ninguna norma puede revestirse de una calidad perpetua, lo cual también aplica a la Constitución Política que igualmente está sujeta al ajuste del cambio de los tiempos, resaltándose al efecto la importancia de la participación del pueblo en el juego político de un Estado, a través del referéndum como herramienta de participación directa. Lo cual es inobjetable.

De esta forma la participación popular es observada como una categoría de producción normativa, mediante la expresión directa de la voluntad soberana, en el que dándose el referéndum posterior a la elaboración de la nueva Constitución Política por parte de la Asamblea Constituyente, a pesar de no encontrarse dicha condición de manera expresa en el ordenamiento jurídico, lo cierto es que resulta un medio idóneo para reforzar la participación ciudadana en la aprobación del texto constitucional, asegurando que los acuerdos y consensos alcanzados en el seno de la Constituyente, respondan adecuadamente al sentir y demandas de la colectividad soberana.

Siendo la Asamblea Nacional Constituyente un órgano de competencia ilimitada, debe ser observada con mayor rigor que en el resto de circunstancias, en el que el pueblo es el llamado a tomar por sus manos las decisiones que le marcarán su convivencia, poder que sería delegado en representantes y que a su vez la actuación de éstos últimos, posteriormente contarán con la garantía de legitimidad a través del referéndum posterior para decidir sobre la aprobación o no, de la reforma total a la Constitución Política. Como mecanismo complementario y de contrapeso, que el pueblo ejercería en condiciones de libertad, igualdad, participación, pluralismo, transparencia y publicidad. Que para quienes poseen una tesis conservadora sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el pueblo -actor protagónico- será quien tendrá la última palabra, para decidir cómo quiere vivir en el presente y futuro.