Estamos frente a la Agenda Neoliberal que ha definido como sus prioridades:

(1) Redefinir (léase restringir) el concepto de huelga en servicios esenciales, taxativamente establecer condiciones de ilegalidad y darle a los jueces solo unas cuantas horas para dictar-resolver el punto. Es decir, ningún margen de acción para los sectores trabajadores -por muy justas que sean sus reivindicaciones-, imponiéndole además, a los jueces, lo que tienen que hacer y el tiempo en que lo hagan. A ver si entendemos, seguridad jurídica solo para unos, los otros que se aguanten. Bonita manera de concebir un Poder Judicial y una convivencia equilibrada en democracia.

(2) Reformar el empleo público (un solo régimen de empleo, salario único para todas las nuevas contrataciones, eliminar “odiosas diferencias” entre empleo público y privado, exigir evaluaciones de desempeño por resultados a todos los funcionarios públicos, eliminar enganches salariales, racionalización de pluses e incentivos salariales. Podemos estar de acuerdo con casi todas estas propuestas. Solo hay un pequeño detalle, la homologación e igualación que se pretende es “hacia abajo”. Lo que incomoda a ciertas élites económicas es que en el sector público se paguen salarios decentes que “amenazan” los salarios de sobrevivencia que se pagan en el sector privado. Ese es el problema que ven y les resulta insoportable. No estaríamos en contra de una igualación “hacia arriba”, donde, si bien se corrijan algunos abusos, todos los trabajadores costarricenses gocen de salarios y garantías laborales razonables.

Lo que incomoda a ciertas élites económicas es que en el sector público se paguen salarios decentes que “amenazan” los salarios de sobrevivencia que se pagan en el sector privado.

(3) Una reforma estructural del Estado. Se hace alusión a una promesa de este Gobierno, pero no se entra a analizar en qué puede consistir la reforma. Únicamente se enfocan los cambios para supuestamente asegurar una economía dinámica y creciente, condenando cualquier intento por vender bonos de deuda en el exterior, por la ilusión que puedan crear de que estamos bien cuando seguimos al borde del abismo. Las medidas anunciadas por la Administración Alvarado Quesada, de reformas parciales y simplificación de trámites, a la Agenda Neoliberal le parece harto insuficiente y, en su lugar, ensaya lo que sería necesario para calmar a los irritables mercados y a los inversionistas (gente curiosa, por cierto, que siendo emprendedora y transformadora, parece intervenir solo cuando las tienen todas maduras y seguras).

(4) Acabar con monopolios, oligopolios o cuasi monopolios en sectores claves del aparato productivo, así como con aranceles y otras barreras al libre intercambio de bienes y servicios. Lamentablemente la Agenda no entra a señalar cuáles son esos monopolios. Habría que tener cuidado con ponerle este rótulo a toda intervención reguladora y equitativa del Estado en suministro de bienes y servicios que buscan redistribuir la riqueza social y que otros sólo pretenden privatizar.

(5) Acabar con –la supuesta– alta concentración de propiedad estatal en mercados indispensables para la dinamización de la economía (telecomunicaciones, energía, banca y seguros). Tal parece que las avanzadas privatizadoras y las aperturas a la competencia del pasado en estos sectores estratégicos no han sido lo suficientemente rentables para los vivillos que quieren aprovecharse de la inversión hecha por generaciones de costarricenses, para convertirlas, de la noche a la mañana, en patrimonio particular de unos cuantos. ¿O es que no les ha ido tan bien, como esperaban, con la ruptura del monopolio de las telecomunicaciones, de la banca, de la energía y de los seguros, que habría que recordar que ya se dieron? ¿Se busca romper monopolios o acabar con el rol participativo y regulador del Estado para imponer las reglas de un capitalismo salvaje?

(6) Cambiar un sistema tributario complejo e ineficiente. Aquí la ideología neoliberal también tiene un margen de razón. Pero lo que está sobre la mesa no es si hay que cambiar el sistema tributario, sino hacia dónde, para qué. Pero en esto también nos quedamos ayunos de mayor información.

(7) Código de trabajo anticuado que –supuestamente– no contempla modalidades de producción y contratación modernas. El Código de Trabajo ha sido recientemente, y con mucho costo institucional, renovado. Han participado en su elaboración jueces y juezas del Poder Judicial, representantes de los patronos, trabajadores, especialistas, personas de la academia y de muchos otros sectores. Ha sido el resultado de un importante ejercicio democrático. No puede echarse por la borda todo eso en función de los sectores que quieren contratar y despedir a placer, cada vez que sus ganancias se vean en peligro. Eso sería regresar al siglo XVIII y las condiciones que propiciaron los costos más altos en la construcción de sociedades un poco más equilibradas y justas. Se superó el emblemático Código de 1943, que trajo justicia, armonía y paz social a Costa Rica por muchas décadas. Si lo que se asoma es un mundo de “flexibilización” en las contrataciones de empleo, público y privado, ya estamos avisados de quiénes van a ser de nuevo los perdedores, la clase trabajadora y los derechos que han costado a la humanidad siglos de sudor y sangre.

(8) Reformar un sistema de seguridad social caro e ineficiente. Ningún sistema de seguridad social y de salud pública puede ser barato y a la vez eficiente. Podemos mejorarlo, pero so pretexto de costos e ineficiencias, que sin duda las hay, no puede pretenderse imponer esquemas de privatización donde solo los que tienen altos recursos puedan pagarse los infortunios de la enfermedad o la invalidez. Cuidado con matar a la gallina de los huevos de oro, porque no otra cosa ha sido para la paz social costarricense la Caja del Seguro Social y el régimen que ha ido desarrollando a través de los años.

En fin, la Agenda Neoliberal resulta también de interés no solo por lo que dice, sino por lo que calla. Ni media palabra sobre evasión o elusión fiscal; ni media palabra sobre paraísos fiscales, sobre lista de “grandes” contribuyentes morosos con la Hacienda Pública; ni media palabra acerca de las conclusiones del informe legislativo sobre los “Panamá Papers” y sus recomendaciones para que los grandes evasores paguen en justicia lo que tienen que pagar. Esta es una Agenda enmarcada en “la estrategia del miedo al precipicio”, y en “la insoportable irritabilidad de los mercados” (con el perdón de Milan Kundera) bajo la supuesta urgencia de imponer su sesgada visión de la realidad.

Por eso, la Administración Alvarado Quesada se juega en los pasos inmediatos que vaya dando el resultado final de su gestión o, paradójicamente, se convierte en el ejecutor de la Agenda Neoliberal, o, retomando su propuesta de campaña busca los equilibrios necesarios para pasar a la historia como un Presidente que supo gobernar para todos los costarricenses. No sería ni prudente ni justo tener como prioridad el seguir golpeando a quienes han sido derribados. No es sano para una democracia pretender reprimir hasta su aniquilamiento a las organizaciones y movimientos sociales. Eso iría en contra de las mejores lecciones que la historia costarricense nos ha dado. El sistema presidencialista que todavía nos rige impone que el Ejecutivo sea el fiel de la balanza, el Poder republicano que sirva de contrapeso a una Asamblea Legislativa claramente dominada por fieles vicarios de los sectores más conservadores del país. En el peor de los casos, si todavía hubiera algo que corregir y negociar en cuestiones referentes a derechos laborales y empleo público, es hora de que esto se haga de manera simultánea y conjunta con otros aspectos que obliguen al aporte y sacrificio de otros sectores que hasta ahora solo se han anotado ventajas.

La Administración Alvarado Quesada, ya ha hecho concesiones, tanto en propuestas programáticas como en la colocación de fichas estratégicas ajenas dentro de su gabinete. En los próximos meses, este Gobierno se juega ser uno de tantos al servicio de élites económico-políticas, o pasar a la historia como uno que supo encontrar los equilibrios necesarios para mantener la tradicional equidad y paz social en este país. Eso es, también, lo esencialmente ético del quehacer político.

* José Manuel Arroyo es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor de derecho en la UCR