”A partir del trabajo por la defensa de nuestros ríos de organizaciones sociales y comunales, el Concejo Municipal de Upala acordó declarar una moratoria por 5 años para el otorgamiento de cualquier autorización municipal que se requiera para la instalación de proyectos hidroeléctricos en el cantón”,

La moratoria es por un plazo de 5 años mientras “se elaboran estudios del impacto social y ambiental acumulativo de todas las represas ya autorizadas en el municipio”, dice el texto aprobado el viernes anterior.

El regidor Álvaro Carrillo destacó la lucha de las comunidades en la protección de sus fuentes de agua y zonas protegidas para frenar la destrucción que empresarios privados llevan a cabo sin ningún tipo de regulación, hizo posible la moratoria que desde el viernes impide la construcción de hidroeléctricas en el cantón de Upala.

Solo en los cantones de Upala y Guatuso existen 10 proyectos hidroeléctricos de los cuales tres – Canalete II, Los Negros I y Cote- entraron en operaciones y 7 más se encuentran en trámites: Los Negros II, P.H La Jabalina y el P.H Chimurria, Caño Grande, Las Delicias y El Niño.

El cantón de Upala discutió la moratoria durante varios años, en los que hubo varios actos de repudio y el 21 de marzo de 2014, una gran manifestación de organizaciones comunales demandó a las autoridades municipales la moratoria. El pedido fue visto en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la  Municipalidad, que finalmente presentó el texto aprobado.

Impactos. La comunidad de Upala ya había denunciado los impactos en las zonas de protección de los ríos Zapote y Bijagua con el inicio de las obras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bijagua, a inicios del año pasado (lea Informa-Tico.com).

Lo anterior se suma a los impactos aguas abajo del funcionamiento de la planta hidroeléctrica Canalete (2008), cuya  planta aprovecha las aguas del mismo Río Zapote, como también al caso del PH Los Negros  que utiliza las aguas de los ríos Caño Negro, Frijoles y Raudales, todos afluentes del río Pizote, que a su vez desemboca en el lago Nicaragua.

Expansión incontrolada en Costa Rica.

A pesar de que existen límites legales a la generación privada las compañías se están adelantando a la eventual apertura del mercado eléctrico, de acuerdo a un estudio de la Federación Conservacionista Costarricense (FECON).

El estudio señala que hay 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada, 32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013, de los cuales ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.

“Frente a estas situaciones, las organizaciones  y las comunidades han promovido moratorias a los proyectos, tomando en consideración que en este momento los municipios no cuentan con el personal técnico capacitado para dar los permisos correspondientes al desarrollo de esta actividad, en razón de no faltar al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, evitando los actos administrativos carentes del sustento técnico suficiente” agregan los ecologistas.

Para FECON este tipo de acuerdos municipales responden al sentido común y de precaución, “con ello, se evita (principio precautorio) que las premuras por satisfacer las necesidades del mercado eléctrico (nacional e internacional), terminen agotando los recursos que son del país entero, pero que además, son patrimonio de futuras generaciones”.

Frente a este tipo de situaciones surge lo que llaman el “municipalismo ecologista” otro ejemplo es la Municipalidad de Coto Brus que ratificó un acuerdo (23-4-14) que declara una moratoria “a todos los proyectos hidroeléctricos del cantón, hasta no contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades”.

La decisión unánime del Concejo Municipal de Coto Brus se suma a la decretada (2013) y ratificada (2014) por la Municipalidad de Buenos Aires y que actualmente se encuentra en tribunales, recordó FECON.

También se decretó moratoria en Pérez Zeledón, pero por la presión de los empresarios interesados logró que se derogara el acuerdo. Entre ambos cantones sureños suman catorce proyectos hidroeléctricos registrados.

Otro ejemplo del municipalismo ecologista son de las luchas de las comunidades de Guácimo por sostener una moratoria a las represas en zonas de recarga acuífera; las organizaciones indígenas se han pronunciado en el mismo sentido en sus cantones y las de San Carlos hicieron una solicitud que fue rechazada por el Concejo Municipal.

Finalmente los  acuerdos municipales contra los transgénicos (75 concejos municipales declararon sus cantones “territorio libre de OMG), los acuerdos de moratoria a la siembra de piña (anulados por la Sala Constitucional tras la solicitud de la Cámara de piñeros) se unen a las moratorias a las represas y son formas de expresión del “municipalismo ecologista”, sustentado en la autonomía, la libre determinación y derechos humanos y ambientales, concluye el informe de FECON.