• Los presbíteros católicos seríamos ciudadanos de segunda categoría

Prohibir que un clérigo sea ministro de Estado es inconstitucional

  • Pbro Miguel Miguel Picado Gatjens. El diario digital El País CR del 12 de junio consigna una declaración del Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, obispo luterano, en la cual indica que la prohibición para desempeñar puestos públicos afecta sólo al clero católico.
El Presbítero Miguel Picado Gatjens sostiene que discriminación los convierte en ciudadanos de segunda categpría.

No creo que don Melvin haya incurrido en el desliz de afirmar que un clérigo católico esté impedido de ocupar un cargo público, pues el movimiento político al que pertenece, el Partido Acción Ciudadana, nombró hace pocos días Presidente Ejecutivo del Instituto de Pesca y Acuicultura al presbítero católico Gustavo Meneses, de la diócesis de Puntarenas, designación perfectamente legal. El error debe ser de algún redactor.

La cuestión es si un clérigo puede desempeñarse como ministro de Estado.

El Tribunal Supremo de Elecciones ya se había pronunciado sobre el asunto al responder una consulta presentada por el entonces Presidente electo, don Luis Guillermo Solís, para conocer sobre la legalidad de investir al obispo luterano en un puesto de tanta confianza. El Tribunal le respondió que la mentada prohibición se aplica sólo a los clérigos de la Iglesia católica, en virtud de que ésta es la religión del Estado. Es una ironía y una burla, pues cuando se trata de proteger legítimos intereses de la Iglesia, el artículo 75 de la Carta Magna, el que declara al Estado católico, se transforma en papel mojado.

Una aclaración por si fuere necesaria: Como sé de la calidad personal de Melvin Jiménez, puedo asegurar que no le interesa perjudicar a la Iglesia católica ni aprovecharse de una prohibición constitucional que no alcanzaría a ninguna otra agrupación religiosa.

En estos días la Sala Cuarta estudia una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano de apellido Orozco, quien busca impedir que don Melvin permanezca en la silla del Ministro de la Presidencia.

La intervención del señor Orozco pone a Sala Cuarta ante un dilema. Si avala el criterio del Tribunal Supremo de Elecciones, declara que los presbíteros católicos somos ciudadanos de segunda categoría. Pero si manifiesta que ninguna persona que se desempeñe como ministro de su iglesia, sea la que fuere, puede ser miembro del gabinete presidencial, discrimina a todos los clérigos de todas las iglesias. Estaríamos enterados de que cualquier clérigo, por el mero hecho de serlo, es ciudadano de segunda. En resumen, la Sala Constitucional debe escoger entre perjudicar a una Iglesia o perjudicarlas a todas.

Ignoro el origen de tan discriminatoria disposición constitucional. No la he encontrado en textos de la Carta Magna anteriores a la de 1871. En la Constitución promulgada el 9 de abril de 1844, al tratar de los Ministros del Despacho, se estipulan exigencias que hoy nos parecen atentatorias de la igualdad ciudadana, como que el interesado debe poseer “una propiedad raíz que no baje de mil pesos”, pero nada dice sobre los miembros de la jerarquía eclesiástica. El texto constitucional de 1871, entiendo que por primera vez, introduce el requisito “Ser del estado seglar”. Tal vez algún experto en historia del derecho constitucional costarricense nos explique el origen de la prohibición, las circunstancias concretas y el ambiente ideológico que propició tamaña arbitrariedad. La Constitución de 1949 dejó intacto el impedimento, quizás como prevención dirigida al presbítero Benjamín Núñez, por aquellos días Ministro de Trabajo.

Lo cierto es que el numeral 3 del artículo 142 de la Constitución vigente, de cualquier manera que se le entienda, contradice el artículo 33, donde se afirma que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana". La citada prohibición debe eliminarse por inconstitucional. Atenta contra la dignidad humana que una persona sea discriminada por servir al pueblo desde una organización religiosa.