• Piñeras no son viables deben rechazarse

Piden anular la viabilidad ambiental dada a expansión piñera de Del Monte

Organizaciones campesinas y ambientalistas presentaron una acción de nulidad contra la viabilidad ambiental dada la empresa Del Monte para expandir en 500 hectáreas las áreas de cultivo intensivo de piña, en el norte y sur del país. También presionan para que se inicien procesos administrativos y penales contra funcionarios de la SETENA que hayan incumplido la ley

En el contexto de la Caminata contra la Expansión Piñera que realizan campesinos de las Zonas Norte y Sur con rumbo a la capital, desde este lunes, en un extenso recurso de nulidad los ecologistas pusieron en evidencia “un favorecimiento al desarrollador del proyecto” de expansión de áreas de cultivo, la empresa Del Monte, al omitirse procedimientos técnicos vigentes para prevenir probables daños ambientales irreversibles.

Además, señalan a la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) como responsable de haber concedido en forma expedita los permisos de viabilidad sin haber realizado las inspecciones e informes técnicos in situ y otros requisitos vigentes.

Por lo cual, afirman que, tanto la SETENA como los consultores técnicos y la misma empresa “incurrieron en errores, omisiones y negligencias en el proceso” que concluyó con el visto bueno a la viabilidad ambiental para la expansión en 500 nuevas hectáreas del cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental en varias regiones del país y fuertes críticas a la gestión del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El recurso fue interpuesto ante la Comisión Plena de la SETENA, la misma instancia que concedió la viabilida ambiental a la expansión piñera, por representantes campesinos, mujeres rurales, ecologistas, indígenas, académicos y estudiantes.

Todos ellos consideran que en el documento de evaluación ambiental (D1), que se presenta a SETENA para su primera valoración mediante un puntaje, “debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa”.

Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa, se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también expone a sanciones administrativas y/o penales a los responsables.

El recurso presentado esta semana indica que “la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa, Puntarenas, tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por varias razones que reproducimos a continuación:

“1. Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.

2. Bajo la finca existe un acuífero y en el estudio hidrogeológico presentado se señala que si se contaminara el acuífero, se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba-Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.

3. A pesar de todo lo anterior, la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.

4. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”.

El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere la evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, Marina Papagayo en el 2004.

5. El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales así como a instituciones claves de la zona.

El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 mil 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.

A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por decenas de personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado, contra la expansión piñera en el país."