Así lo explicó en entrevista con UNIVERSIDAD, Armando Tezucún, secretario nacional de la sección guatemalteca del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), quien está convencido de que el gobierno de Estados Unidos requiere una garantía para seguir adelante con el plan impulsado con los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), para atender el problema migratorio que experimenta esta zona de Centroamérica.

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los motivos esenciales de la crisis política que experimenta Guatemala?

−Para entender la crisis del régimen político guatemalteco tenemos que considerar los intereses de Estados Unidos en la región centroamericana, en especial en el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Recordemos que la crisis que se dio el año pasado, con miles de niños centroamericanos retenidos en la frontera de México y Estados Unidos, condujo a la firma del “Plan alianza para la prosperidad”, entre el gobierno de Obama y los gobiernos del Triángulo Norte, el cual contempla un aporte de $1.000 millones por parte de Estados Unidos.

Se supone que el plan implica mejoras en infraestructura e inversión social, lo cual propicia la llegada de inversión extranjera, que a su vez mejorará las condiciones de vida de la población centroamericana, sobre todo en empleo.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos esta vez requiere una garantía de que la inversión que hará no caerá en manos de funcionarios corruptos, que trunquen el cumplimiento de los objetivos del plan.

En Guatemala, durante los años 70, en pleno conflicto armado interno y gobiernos militares, la alta oficialidad del ejército estuvo al frente del país y de las instituciones del Estado, lo cual fue aprovechado para acumular privilegios y hacer negocios lícitos, ilícitos y oscuros al emparo del ejército y el Estado; con el cambio en los años 80, no perdieron el poder y se organizaron para copar instituciones como aduanas y ministerios, y generalizar la corrupción en el aparato público.

Esta situación dio origen a nuevos grupos burgueses, que acumulaban capital haciendo negocios con el Estado o defraudándolo mediante operaciones turbias; esto constituyó una competencia desleal para los grupos tradicionales de la burguesía.

El impulso del “Plan alianza para la prosperidad” es el momento en el que Estados Unidos, aliado con un sector de la burguesía organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (Cacif) y con la colaboración de un sector del ejército, decide sacudirse de estos grupos burgueses corruptos; para ello, recurre a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funcionaba por mandato de la ONU desde hacía varios años, y del Ministerio Público.

¿Qué motivó al pueblo a levantarse pacíficamente? ¿Cómo se fue gestando esta lucha?

−La denuncia contra la estructura de defraudación aduanera “La Línea” (uno de los grupos que son foco de corrupción) −donde resultó implicada la expresidenta Roxana Baldetti, numerosos funcionarios públicos y el mismo presidente Otto Pérez Molina− tuvo el efecto colateral de desencadenar un movimiento masivo de protesta popular contra el gobierno, la corrupción y el sistema político en general.

Las protestas fueron desde un inicio convocadas por pequeños grupos anónimos que utilizaron las redes sociales bajo la regla de no discursos, no tarimas, no partidos políticos implicados; donde predominaron capas urbanas, profesionales, pequeños comerciantes, estudiantes, amas de casa, desempleados. Los trabajadores asalariados, con excepciones, han participado a título individual.

¿Qué expectativas se tienen con respecto al caso de la exvicepresidenta Baldetti y el expresidente Pérez?

−El ataque frontal contra el gobierno del Partido Patriota ha constituido prácticamente un golpe de Estado de baja intensidad. Ese gobierno ya no existe: el presidente y la vicepresidenta están ligados a procesos y encarcelados, sus ministros y funcionarios están en su mayor parte bajo investigación.

Sin duda que existe una firme voluntad, de parte de los grupos oligárquicos y la embajada, de llevar a sus últimas consecuencias los juicios contra Baldetti y Pérez y sus exfuncionarios. La oligarquía guatemalteca ha demostrado que hará pagar caro a Pérez Molina la competencia desleal, su intento de tener una política independiente de Estados Unidos en algunos temas y el desfalco de los fondos del fisco.

Ante las elecciones del pasado 6 de setiembre y la gran cantidad de denuncias sobre situaciones irregulares que se presentaron, ¿cuál es el balance que hacen de estas elecciones y qué se viene?

−Las denuncias y conflictos que se han presentado en el interior, algunos muy graves, obedecen en casi su totalidad a pugnas por el poder local, por las alcaldías. Ya se han dado en elecciones pasadas y no tienen consecuencias importantes en los resultados a nivel nacional. Indudablemente, el descontento de la población con el sistema político en general y con los partidos corruptos se ha plasmado en el ascenso inesperado de un candidato sin pasado político.

La gente acudió masivamente a las urnas: un 70,38% del padrón electoral. Esto significa que la gente tiene aspiraciones democráticas y aún cree que el sistema puede funcionar, con las personas correctas en los cargos de gobierno.

Jimmy Morales ganó la primera vuelta electoral con el 23,85% de los votos. Su partido, que dicho sea de paso fue fundado por militares veteranos situados en la extrema derecha, no tiene estructura nacional ni cuadros preparados para hacer gobierno. Por lo tanto, si ganara, tendría que buscar alianzas.

En la dura pelea por el segundo lugar, lo más probable es que gane Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 19,74% de los votos contra el 19,65% del otrora favorito Manuel Baldizón de Libertad Democrática Renovada (LIDER).

¿Qué cambios podrían darse en el ámbito institucional y social?

−Jimmy Morales, el candidato que obtuvo mayor votación en la primera vuelta, está hablando de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, una consigna levantada por las organizaciones populares; pero sin un cambio profundo en la Ley Electoral que permita la participación de las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y populares en esta asamblea, no habrá verdadera representatividad.

El nuevo Congreso sin duda aprobará cambios a la Ley Electoral, para democratizar el funcionamiento interno de los partidos, controlar su financiamiento, evitar el transfuguismo de los diputados, validar el voto nulo.

¿Cuáles son las perspectivas del país en el corto y mediano plazo?

−El nuevo gobierno será uno que tendrá que pactar con la oligarquía y que estará bajo la mirada escrutadora de los organismos de justicia y de la embajada estadounidense.

El nuevo Congreso tendrá que impulsar alianzas entre diferentes bancadas, para lograr acuerdos y las movilizaciones de las capas medias; ahora que Pérez Molina renunció y está encarcelado tenderán a disminuir.