Allanan e incautan equipos de medios de prensa y organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en Nicaragua.

Las denuncias de allanamientos sin orden judicial y la incautación de los activos de las organizaciones y medios de prensa fueron recibidas en la capital costarricense acompañadas de fotografías, videos y declaraciones que dan cuenta del clima de hostilidad que se viven en Nicaragua, contra los opositores al gobierno de Ortega. El número de personas que cruzan la frontera entre ambos países huyendo de la represión y la persecución, también va en aumento.

Un comunicado oficial de la Cancillería llama la atención del gobierno de Managua y explica que “Costa Rica no puede permanecer en silencio ante el recrudecimiento del acoso, la represión y la persecución hacia personas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, de periodistas y medios de comunicación”.

"En Costa Rica estamos preocupados por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua" dice el comunicado oficial que aboga “por el respeto y el diálogo para lograr un retorno a la normalidad y la paz en el país vecino”.

“La inestabilidad en un país de la región es algo que nos afecta a todos y por ello, abogamos porque prevalezca un clima de respeto a las libertades y de plena vigencia de los derechos humanos”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además del alto costo en víctimas mortales, heridos, detenidos y desplazados por el conflicto, las economías de los países centroamericanos están sufriendo un fuerte impacto por la suspensión del transporte terrestre y la afectación al intercambio comercial.

En la nota oficial, Costa Rica abogó por que la próxima visita de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas “contribuya a contener la presente ola de represión”.

Condena a ataques a periodistas y a la prensa

La Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, costarricense, condenó “los ataques, allanamientos y formas de censura contra periodistas y medios independientes en Nicaragua, así como el retiro de la personalidad jurídica de organizaciones de derechos humanos realizada por el Parlamento de ese país”.

Varias redes y movimientos populares latinoamericanos han hecho pública “su preocupación y rechazo a la represión que se vive en Nicaragua”. “Como un grupo de personas que trabajamos en la defensa del derecho humano a la comunicación, el derecho a la expresión, el respeto a la diversidad y a la pluralidad cultural, nos sumamos a la condena y repudio, señaló Voces Nuestras.

“La situación de sistemática violación a los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil se ha incrementado con cada vez más acciones de parte del Estado en contra de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el estado de derecho”.

La organización costarricense denunció que entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre “la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica a las siguientes organizaciones sociales: Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (CISAS), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río), Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na), Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE) y Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias”.

Todas son organizaciones que han trabajado por defender los derechos humanos de todas las personas nicaragüenses.

“Con estas acciones en su contra se ha violentado el debido proceso. La cancelación de las personalidades jurídicas a estas organizaciones fue una decisión unilateral de la Asamblea Nacional, donde las organizaciones no han tenido derecho a la defensa ni se les permitió rebatir las acusaciones de las que fueron objeto” precisa el comunicado.

El gobierno de Costa Rica y una red de organizaciones sociales han hecho pública su solidaridad con las personas y organizaciones que sufren el acoso, persecución, ataques y allanamientos arbitrarios en los que se incautan todos sus bienes y activos que van a parar, según un oficio del gobierno de Ortega a un fondo que administra el gobierno.