Lo anterior se deduce del informe publicado el pasado fin de semana por el II Panel Independiente sobre la Elección de Magistrados, un organismo integrado por personas independientes, con amplia experiencia en temas judiciales, cuyo objetivo es observar y pronunciarse sobre los procesos de nombramientos de magistrados.

“Si bien en las ternas aparecen profesionales de alto perfil académico y profesional es igualmente cierto que no todas las personas propuestas al Plenario legislativo reúnen las condiciones de mérito y capacidad en el acceso al cargo. Han quedado por fuera personas altamente calificadas” alertó el panel en su informe. (ver detalles: http://www.informa-tico.com/15-02-2019/discrecionalidad-politica-no-debe-seguir-imperando-eleccion-magistrados)

A juicio de varios analistas, los diputados están haciendo exactamente lo mismo que han hecho anteriormente: favorecer el nombramiento en cargos de magistrados no a las personas idóneas, sino a quienes piensan que podrían influir políticamente, en caso de que fuera necesario.

“Tanto en la Asamblea Legislativa como en la Corte Suprema de Justicia existe una fobia a la excelencia, por la que no se le da la oportunidad a las personas más calificadas”, afirmó el abogado José Manuel Arroyo, quien hace dos años se jubiló y cesó como magistrado penal.

"Los políticos están creyendo que colocando gente confiable van a asegurarse que si ellos tienen un problemita, entonces puedan coger el teléfono o puedan coger el correo o puedan tocar la puerta de la oficina, y le dicen: ¿te acordás que yo te nombré? Eso es, en última instancia -y estoy caricaturizando- lo que algunos políticos pueden estar calculando, pero ya vimos la crisis que pasó dentro del Poder Judicial y de la Sala Tercera", dijo en alusión al caso del cemento chino.

 

Una metodología, una trampa

La puesta en práctica de una metodología para nombrar a los magistrados, lejos de garantizar el nombramiento de personas idóneas ha servido para que los diputados justifiquen el nombramiento de personas con vinculaciones políticas, dejando por fuera a otras mejor calificadas pero que  -precisamente por su formación y experiencia- podrían resultar más independientes.

Este es el criterio de un abogado de larga trayectoria como penalista, quien prefirió mantener la reserva de su identidad por razones laborales.  

“Lo que los diputados de la comisión hicieron, literalmente, fue invertir los porcentajes de los candidatos a su antojo mediante un truco. Resulta que del total de puntos, el 40% corresponde a la entrevista que la comisión hace a los candidatos y el 60% a valoraciones objetivas como títulos académicos, experiencia en la especialidad, publicaciones, trayectoria, entre otros”, explicó el especialista.

“Entonces, a los candidatos que tenían mejores puntuaciones pero que no son de su agrado les pusieron una nota bajísima en la entrevista, en tanto que a otros con menos calificaciones objetivas les dieron el 40%, y con ello lograron que estos quedaran encabezando las ternas”, puntualizó.

El analista considera que en la Corte siempre ha habido nombramientos políticos. La diferencia es que antes la mayoría de nombramientos era de personas con altísimo perfil y eventualmente había alguno que se hacía con criterios políticos. Ahora es a la inversa: la mayoría son políticos y de vez en cuando se nombra alguno por sus méritos, solo para maquillar.

“El darle a la entrevista un valor de 40% es una barbaridad. Los diputados no son penalistas, muchos ni siquiera son abogados. ¿Cómo elaboran las preguntas? ¿Cómo las evalúan? ¿Qué aspectos califican? En realidad, el proceso se vuelve completamente arbitrario”, concluyó.

Los integrantes de la comisión de nombramientos son los diputados  Ana Lucía Delgado y Luis Fernando Chacón (del Partido Liberación Nacional); Floria Segreda Sagot y Carlos Avendaño (Restauración Nacional); Rodrigo Peña (Unidad Socialcristiana); Dragos Dolanescu (Republicano Socialcristiano) y Nielsen Pérez (Partido Acción Ciudadana, PAC).

Las ternas elaboradas por la comisión tendrán que debatirse en el plenario legislativo, que será el que decida los nombramientos en última instancia.