Se ha permitido el uso de plaguicidas altamente peligrosos para el ambiente y la salud humana, denunciaron FECON y Bloque Verde.

En el informe requerido por la Sala Constitucional al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) recibió como respuesta una petición para que se derogue “de manera inmediata” el Decreto Ejecutivo que respalda la vigencia del registro de plaguicidas ya que “violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas” cuyo uso se aprueba sin los estudios ecotoxicológicos” necesarios.

El criterio del Minae es parte del proceso de la acción de inconstitucionalidad que presentaron el agrónomo Fabián Pacheco y Henry Picado Cerdas en representación de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON y el Bloque Verde.

La normativa en cuestión es el “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” vigente por el Decreto Ejecutivo N°39995-MAG (15.12.2016), e impugnado por organizaciones ambientales mediante acción de inconstitucional por estimar que lesiona los artículos 1, 21, 46,50, 73, 76 y 89 de la Constitución Política.

En su respuesta, el Minae pidió la suspensión inmediata dado que el Reglamento de uso de plaguicidas “carece de sustento técnico y es totalmente irresponsable autorizar el ingreso y registro de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental”.

Para Pacheco, el Decreto fue redactado “para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas, lo que es una afrenta al artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. El activista también advirtió sobre el grave riesgo a que están expuestos el ambiente y la salud humana.

La suspensión inmediata del decreto que solicita el MINAE será mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad y se sustenta en el principio in dubio pro natura para evitar daños graves e irreversibles.

Los funcionarios del Minae a cargo de realizar el estudio, pudieron determinar “que se encontró una serie de indicaciones que generan preocupación tanto desde la aplicación del reglamento como desde el punto de protección al ambiente” razones por las que se emitió un oficio con la información pertinente dirigido a los ministros del Minae y Agricultura y Ganadería (MAG), a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República y otras autoridades nacionales con el fin de evidenciar las inconsistencias técnicas y legales de este reglamento”.

Otro aspecto sobre el que llamaron la atención es que “la aceptación de la información referenciada para la actualización del registro de ingredientes activos, es un acto irregular e inaceptable desde el punto de vista técnico, científico y legal, por cuanto contradice las disposición de la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y carece de fundamento técnico ya que ignora flagrantemente las recomendaciones señaladas en las “Directrices para el registro de plaguicidas, de la FAO/OMS (2010)”.

En cuanto a los riesgos que conlleva el uso de ciertos plaguicidas altamente tóxicos, el informe del Minae señala que de igual manera, el reglamento no pide la suficiente información que permita a los funcionarios realizar las evaluaciones de riesgo que competen a cada ministerio, incluyendo a los ministerios de Salud y de Economía y Comercio además de Minae, MAG y el Servicio Fitosanitario del Estado.

Además de una serie de consideraciones técnicas, el informe de concluye pidiendo que se aplique una acción precautoria y el Principio de no Regresión del Derecho Ambiental, lo que dio paso a que la acción de inconstitucionalidad fuera acogida por la Sala Constitucional para que se ordene la suspensión del reglamento en cuestión.

Documento completo: file:///C:/Users/HP/Downloads/1122019104718Doc_Extern.pdf)