Por la mañana, el Tribunal Regional de Brasilia anuló una de las dos sentencias que congelaban la asunción del expresidente Lula, al hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno brasileño, que argumentó "falta de imparcialidad" por parte del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, un abierto partidario del excandidato presidencial por la oposición Aécio Neves.

Y por la tarde, un tribunal de Río de Janeiro anuló la segunda cautelare vigente, con lo cual Lula volvió a ejercer plenamente su cargo de ministro, según confirmaron a EFE portavoces de la Abogacía General de la Unión (AGU).

Paralelamente, la oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.

Las causas cuestionan la legalidad del nombramiento debido a los procesos abiertos contra Lula por supuesta corrupción y por el peligro de que use su cargo para obstruir la Justicia, reseñó la agencia EFE.

Lula es investigado por supuestos delitos como lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del décimo tercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo debido a que el cargo de ministro le concede un fuero distinto.

Las maniobras de cabo la derecha brasileña en los tribunales de justicia y la medida del juez Itagiba Catta Preta Neto para impedir a toda costa la jura del exmadatario Lula da Silva, este jueves, son catalogados como un Golpe de Estado judicial que por ahora ha sido contenido.

El analista y director de la Agencia NODAL.am, Pedro Brieger, escribió después de conocer los mecanismos utilizados para dar el Golpe de Estado judicial que: “Hay que ser muy ingenuo para pensar que el juez Itagiba Catta Preta Neto actuó como parte de una lucha global contra la corrupción, de la misma manera que divulgar las escuchas entre la presidenta Rousseff y el exmandatario Lula da Silva “casualmente” cuando ellos estaban reunidos no forma parte del saneamiento moral del Brasil”.

Señala además Brieguer que “desde que Rousseff reasumió el 1º de enero de 2015, la oposición se puso como objetivo explícito lograr su renuncia en un triple juego de pinzas y evitar que Lula se presente como candidato en 2018. Y si es posible, destruirlos a ambos”.

“Claro que no se trata de una cuestión personal: el objetivo es destruir un proyecto popular y progresista -en el más amplio sentido de la palabra- y que fue (y todavía es) clave para el desarrollo de una corriente progresista en la región que impulsó transformaciones profundas en varios países. Lo que se busca es archivar por décadas lo que se define despectivamente como “populista”.