A criterio de la Contraloría “la Junta Directiva del INVU tomó decisiones que rebasan las atribuciones de su función normativa dado que extendieron el ámbito de participación y financiamiento de los recursos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) a personas jurídicas, lo que desvirtúa el fin social orientado a financiar casas de habitación a personas físicas”.

La fiscalización de la CGR puso en evidencia que este tipo de decisiones en la administración de los recursos del SAP lo puso en una situación de grave riesgo “que se agudiza con la insuficiencia y obsolescencia de los sistemas de información con base en los cuales el Instituto toma decisiones en esta materia”, señaló este lunes el ente contralor.

Estas decisiones culminaron en la acumulación del 11% de los contratos de ahorro en poder de algunas personas físicas y jurídicas desde el 2009 a diciembre de 2013, mediante nexos entre familiares y los integrantes de las juntas directivas de esas empresas, donde por ejemplo una persona jurídica adquirió 585 contratos por ¢4.216 millones, y solo ¢531 millones se constituyeron en crédito para vivienda, puntualiza el informe de la Contraloría.

El estudio determinó además, que hay agentes de venta del INVU que acumulan cantidades significativas de contratos de ahorro; así por ejemplo, el núcleo familiar de un agente suscribió 621 contratos por ¢3.900 millones, cuyas salidas de efectivo representaron ¢259 millones de las que solo el 37.4% son operaciones para vivienda.

En paralelo, se detectaron sumas negativas al reconstruir en una muestra de transacciones los montos de ahorro y de salidas de efectivo en el Sistema, ante lo cual la Administración confirmó la existencia de sobregiros en dichas transacciones al girar sumas de más, a algunos suscriptores.

La Contraloría General también señaló que la situación no permite “la confiabilidad de la información contenida en los expedientes de contratos de ahorro y los de préstamos, pues, no fue posible localizar algunos de ellos, otros están incompletos y no se controla el acceso a éstos”, es decir, que el desorden impide tener acceso a toda la información que debió contener cada expediente de los préstamos otorgados.

A río revuelto ganancia de pescadores. La Contraloría también comprobó que los sistemas de información computarizados que dan soporte al SAP “no están integrados, presentan un alto nivel de obsolescencia técnica y limitan la calidad, seguridad y disponibilidad de información para la correcta operación y control del Sistema”.

Por lo que giró disposiciones a la Junta Directiva del INVU en cuanto a consultar a la Procuraduría General de la República si le asiste competencia a ese órgano para ajustar, mediante acuerdo, el Reglamento del Sistema de Ahorro y Préstamo, en cuanto a las modalidades que permiten la suscripción de contratos de ahorro para la adquisición de casa de habitación, conforme lo establecido en la normativa sin innovar en cuanto al carácter de los beneficiarios.

Giró instrucciones para que se inicie de inmediato una investigación preliminar a fin de corroborar eventuales responsabilidades en los funcionarios del INVU que tuvieron participación en los sobregiros confirmados por el Instituto ante sumas negativas mostradas por el Sistema de Ahorro y Préstamo, y tomar las acciones que en derecho correspondan.

Pidió que se emita y divulguen las políticas y procedimientos para la implementación de un sistema de archivo en el Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, que asegure la confiabilidad e integridad de la información contenida en los expedientes de contratos y préstamos; así como, depurar la información contenida en las bases de datos atinentes a los procesos del Sistema de Ahorro y Préstamo.

¿Qué examinó la Contraloría?

La Contraloría General realizó una auditoría de carácter especial con enfoque financiero forense, fin de verificar la validez y la integridad de los ingresos y los egresos del Sistema de Ahorro y Préstamo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Para ello, fueron analizados los datos contenidos en los sistemas desde enero de 2009 hasta diciembre de 2013; pruebas relativas al contenido, integridad y suficiencia de los documentos en los expedientes de contratos suscritos con los ahorrantes y de préstamos formalizados; así como, la concordancia entre la información de estos documentos y la almacenada en las bases.