• Fuerte rechazo en toda la región

​​​​​​​Hasta el Grupo de Lima censuró las amenazas de Almagro contra Venezuela

Las declaraciones del secretario general de la OEA sobre una posible intervención armada en Venezuela fueron censuradas en Uruguay, Cuba y hasta el bloque Grupo de Lima. El presidente venezolano dijo que lo denunciará ante la ONU. 

Almagro dijo que se “malinterpretó” lo que dijo durante la visita a la frontera entre Venezuela y Colombia. (Imagen: EFE)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, provocó un fuerte rechazo en toda la región con sus declaraciones sobre una posible intervención armada en Venezuela contra Nicolás Maduro.

El político uruguayo, que desde hace más de dos años es uno de los mayores críticos del mandatario, asegura que se “malinterpretó” lo que dijo en el marco de una visita a la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se concentra gran parte de la emigración venezolana.

Pero con las puntualizaciones que hizo, la última de ellas el domingo, no logró frenar las críticas que arrecian desde el viernes. Preguntado sobre si apoyaría una intervención castrense contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para evitar un genocidio como el ocurrido en Ruanda en 1994, Almagro se remitió al video que publicó el domingo. En esa grabación, Almagro aseguró que dijo “claramente” que debe agotarse “el camino de las acciones diplomáticas”, aunque, agregó, que “no debe descartarse ninguna opción”. El gobierno de Maduro ha dicho que lo denunciará ante la ONU.

Los países del Grupo de Lima censuraron inmediatamente sus palabras, mostrando su “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela”.

El Grupo de Lima fue creado el año pasado para presionar a Maduro tras el fracaso de la OEA, dividida entre críticos y aliados de Caracas y donde las naciones caribeñas que reciben petróleo barato de Venezuela bloquearon la aprobación de resoluciones críticas con el gobierno chavista. Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú y Santa Lucía. Y es la primera vez que el Grupo de Lima y Almagro disienten y también la primera vez que se aprecia una división interna: tres países –Colombia, Canadá y Guyana– no firmaron el comunicado. 

Desde la llegada del conservador Iván Duque a la presidencia, Colombia adoptó un papel mucho más duro con Maduro del que tuvo Juan Manuel Santos. Hace dos semanas oficializó de hecho su salida de Unasur, denunciando “complacencia” con “la dictadura en Venezuela”. Duque y Almagro se reunieron en el marco de la visita del secretario general de la OEA.

Y el hecho de que Colombia no suscribiera el comunicado despertó especulaciones, sobre todo después de que The New York Times publicara hace poco que el gobierno de Donald Trump se reunió en secreto con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar a Maduro. Trump fue el primero en poner sobre la mesa, en agosto de 2017, la opción militar en Venezuela.

Almagro volvió a decir ayer que lo único que quiso decir fue que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos. “No debemos esperar a que Venezuela sea Ruanda”, escribió en Twitter. “Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas, desplazadas en Venezuela. La responsabilidad de proteger no es contar muertos”.

Además, defendió que su objetivo es “detener la violencia, detener la agresión y la represión” dentro del marco del sistema de derecho internacional público y del interamericano. Al respecto, recordó el genocidio de 1994 en Ruanda y las víctimas del Jemer Rojo, la organización maoísta dirigida por Pol Pot que gobernó Camboya entre 1975 y 1979, periodo en el que murieron 1,7 millones de personas. “¿Fue conforme a Derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de la no intervención? ¿Fue conforme al Derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención?”, se preguntó Almagro.

“No. Es completamente inmoral negar a futuro ese derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta”.

Lo hizo sobre un mensaje del director para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco. Almagro “explica que solo apoya salida para Venezuela consistente con el derecho internacional. Muy bien”, indicó el chileno, que lo acompañó en su visita a la frontera. “OJO: el derecho internacional solo permite uso de la fuerza en casos similares a un genocidio, lo cual no ocurre AHORA en Venezuela (aunque la situación es gravísima)”, añadió.

Almagro, no obstante, defiende que el gobierno de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. En mayo remitió a la Corte Penal Internacional el informe en el que tres juristas internacionales que él nombró denuncian ejecuciones extrajudiciales y torturas, entre otras cosas, y aseguran la existencia de un “ataque generalizado y sistemático” con intención política en Venezuela.

David Smilde, uno de los analistas estadounidenses que más saben sobre Venezuela y quien lleva tiempo alertando en contra de una intervención militar, atribuye las declaraciones de Almagro a la influencia que asegura que tienen sobre él “opositores venezolanos radicales radicados en Washington”, donde está la sede de la OEA. “No quieren que haya un acuerdo político o salida dentro de Venezuela porque saben que los dejaría fuera. Y tampoco sufrirían la violencia y destrucción de una intervención militar. La verían por televisión”, señaló el profesor de Sociología de la Universidad de Tulane.

Las críticas a Almagro prosiguen entretanto. “Ha cruzado la línea roja”, dijo el gobierno de Cuba a través del diario oficial Granma. “Solo una salida pacífica y democrática podrá resolver con legitimidad y de forma duradera la crisis venezolana”, defendió Ecuador. En Uruguay, la reprobación de quien fuera ministro de Exteriores del presidente José Mujica ha sido clara. El Partido Comunista reclamó su expulsión de la formación y dirigentes del gobernante Frente Amplio (FA) rechazaron sus palabras.