“Es lamentable, pero parece que no va a ser posible aprobar un proyecto tan importante para el país por la intransigencia de un pequeño grupo”, afirmó la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), una de las impulsoras.

Este miércoles vence el plazo de que dispone el plenario legislativo para dar votación al proyecto,  para lo cual el directorio legislativo habilitó la mañana para una sesión extraordinaria.

Tanto el gobierno como  dirigentes políticos expresaron su preocupación por el bloqueo del proyecto en el plenario.

“A pesar de cuatro años de discusiones, hoy estamos viendo una embestida brutal e injustificada, desde el punto de vista de los intereses legítimos que son los únicos que deben inspirar las acciones legislativas, acciones que parece tienen como único propósito impedir que esta legislación se apruebe”, afirmó la presidenta Laura Chinchilla en un comunicado distribuido la noche del martes.

“No puede ser que en una democracia ejemplo a nivel internacional, que tenemos la obligación de seguir protegiendo y defendiendo en sus instituciones siendo el parlamento una de las más importantes, una única empresa asociada al sector financiero con intereses estrictamente privados, venga a oponerse a cientos de miles de pequeños empresarios de nuestro sector agrícola”, deploró la mandataria.

El líder fundador del PAC y diputado electo Ottón Solís expresó también su disconformidad con la situación y advirtió que “en las democracias, las minorías tienen derecho a opinar y a disentir pero al final se vota y  debe imponerse la voluntad de la mayoría”.

“Hay otro sistema que es la dictadura en el que una persona decide lo que le da la gana, pero no es eso lo que tenemos en Costa Rica”, afirmó.

“Esperamos que la actual Asamblea Legislativa nos deje listo este proyecto de gran importancia para el país, si no los nuevos diputados tendremos que retomarlo como un proyecto prioritario a partir del 1 de mayo”,  consideró Solís.

Una posición similar manifestó Antonio Alvarez Desanti, diputado electo del Partido Liberación Nacional, quien resaltó la necesidad de hacer, de una vez por todas, las reformas necesarias para reformar el reglamento legislativo.

El trasfondo

El nudo del conflicto en la Asamblea Legislativa se encuentra en la norma del proyecto de Banca de Desarrollo que crea un impuesto de 15% a los bancos extranjeros y a los nacionales que tengan operaciones fuera del territorio nacional. Con este impuesto se fortalecerán los fondos para dar créditos blandos a las pequeñas empresas.

La norma afecta específicamente al banco privado BTC y a BICSA, subsidiaria de los estatales Banco Nacional y Banco de Costa Rica.

El proyecto de Banca de Desarrollo también utilizaría recursos del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) que cuenta con 105.000 millones de colones; y del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE) que acumula 36.000 millones del peaje bancario.

Estos fondos no se han podido utilizar hasta ahora para prestar a las micro y pequeñas empresas debido a limitaciones legales, que el proyecto de Banca de Desarrollo busca subsanar.