El líder espiritual del pueblo bribri Sergio Rojas, fua acribillado a balazos en su casa de Yery, Territorio de Salitre.

No hay excusas. La persecución, los atropellos, las amenazas que ha sufrido el pueblo bribri y sus principales dirigentes, entre ellos Sergio Rojas, han sido denunciados una y otra vez a lo largo de una década.

El desenlace se veía venir. Los signos eran tan notorios y alarmantes que las advertencias han llegado de todas partes: desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los Habitantes, hasta organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, ni qué decir de los propios afectados.

Desde 2010, Sergio Rojas había sobrevivido a varios atentados y muchos miembros de su comunidad sufrieron lesiones graves por parte de pistoleros contratados por terratenientes usurpadores, decididos a sacar a los indígenas de sus tierras ancestrales a sangre y fuego.

Periódicamente llegan a San José las noticias de los brutales ataques: indígenas heridos y golpeados, viviendas y cosechas quemadas, destrucción de cañerías y líneas eléctricas que dan servicio a la comunidad, familias enteras corriendo en busca de refugio en las montañas.

Uno se pregunta: ¿cómo el Estado costarricense con todos sus policías, sus jueces y fiscales, sus recursos económicos, sus instituciones y su tradición democrática, ha sido incapaz de detener esta flagrante violación de los derechos humanos?

¿Cómo puede Costa Rica alojar un régimen de terror impuesto por intereses privados en una parte de su territorio, mientras en otra aloja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su personal diplomático se pasea por el mundo haciendo panegíricos de nuestra vocación de paz?

La respuesta puede resultar chocante y hasta tenebrosa: en el fondo existe una marcada indiferencia por parte de los poderes públicos centrales hacia una minoría étnica y cultural que no tiene incidencia en la vida económica y ni siquiera es una fuente significativa de votos.

Por muchas misiones oficiales que se desplacen a la zona cuando los ecos de un hecho de violencia llegan hasta la capital, por muchos planes y promesas que se formulen, una vez que los ánimos se apaciguan y la situación sale del foco de atención pública, todo se relaja y los indígenas quedan de nuevo a merced de sus victimarios.

A cargo de la situación quedan los funcionarios locales, pero una parte significativa del aparato estatal de la zona podría tener conexiones con los violentos usurpadores y otra estar lo bastante atemorizada como para hacerse de la vista gorda. No hace falta mucho talento para llegar a esta conclusión si se analizan las frecuentes quejas de los habitantes, que denuncian negligencia y hasta casos de desembozada cooperación de agentes policiales y de la justicia con los matones.

Desde abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Costa Rica medidas cautelares para proteger la integridad física de las personas integrantes de la comunidad bribri, medidas que no han sido atendidas por las autoridades costarricenses, pues de lo contrario no estaríamos en presencia del atroz crimen cometido.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha advertido que Costa Rica debe proceder a la expropiación, en todo el país, de un 40% de las tierras indígenas que, de manera ilegal, se encuentran en poder de personas no indígenas.

 “No se puede avanzar en materia de derechos humanos si un derecho tan básico como la tenencia de las tierras no está garantizado. Esas tierras son exclusivas de los indígenas”, dijo en su momento Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica".

El presidente Carlos Alvarado ha salido a condenar el homicidio de Rojas, a prometer el esfuerzo necesario para que se haga justicia y a desplegar acciones para dar mayor protección a la comunidad bribri. Menos no se podía esperar, pero la situación de Salitre exige ir más allá, adonde no han llegado los gobiernos anteriores.

Es urgente tomar acciones que conduzcan a eliminar cualquier duda o ambigüedad respecto a la propiedad de las tierras: terminar un censo de población indígena y una delimitación de territorios que llevan años en veremos, indemnizar como corresponde a los poseedores de buena fe y aplicar mano dura a los usurpadores. De otra manera, el gobierno de Carlos Alvarado no habrá hecho más que maquillar la tragedia de hoy, mientras se desencadena un incidente de mayor violencia, que es inminente.