El presupuesto de la República es el plan de gastos de los gobiernos para llevar adelante su planes. Planes que deben responder a las propuestas y promesas de campaña electoral. Con que eficiencia y honestidad se utilice ese dinero es responsabilidad de los gobernantes. Los costarricenses somos especialmente sensibles en esto de presupuestos, ya que comprobamos a lo largo de los años que una parte sustancial de esos fondos se usaba mal o se perdían en los laberintos de la corrupción. El gobierno actual, que recibió un mandato contundente en las urnas, no es un gobierno corrupto, como si lo eran sus antecesores. Por tanto es de esperar que los recursos que solicita sean bien empleados, y está moralmente obligado a dar clara cuenta de ellos. De no hacerlo perdería toda credibilidad y la confianza del pueblo. Pero recibió el mandato y tiene pleno derecho de gobernar asumiendo su responsabilidad.

Quienes hemos venido siendo críticos y señalando las debilidades y titubeos, sin hacer labor de zapa u obstruccionista, queremos que a Luis Guillermo Solís y su gobierno no se le impida cumplir con sus promesas y sus planes. A ninguno de nosotros nos interesa que este gobierno fracase. Lo alentamos para que cumpla bien y se atreva a llevar adelante sus propuestas correctivas, a sabiendas de que son insuficientes.

Lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Legislativa, con el apoyo de todos aquellos que resienten el haber perdido las riendas de las instituciones o por lo menos sienten que su control de siempre se ha debilitado y que tienen el propósito expreso de sabotear los planes del gobierno e impedirle que cumpla sus metas es preocupante. Pretenden atarle las manos. En este propósito han estado acompañados por algunos diputados "de gobierno" que actúan como verdaderos Caballos de Troya. Lo que era previsible, pecado que debe expiar quién los promovió a esos puestos. Las agendas personales y las vanidades juegan a veces un papel definitorio. En el plan del tijereteo a discreción han entrado hasta algunos de buena fe que creen que el problema está en los números y no en los objetivos. Que hay que impedir a toda costa que se despilfarren los dineros del Estado, que son los de todos nosotros, pues claro. Que se exija el máximo de eficiencia a la hora de invertirlos, no cabe duda. Que la norma ineludible sea la total transparencia, ya es hora. Que todo esto se haga ajustándose a las posibilidades reales, lógico.

Pero lo que es inadmisible y hasta grotesco es que los despilfarradores de siempre, responsables de corruptelas e irresponsabilidades, con sus aliados de ocasión, que se sienten promovidos al estrellato, sean los que definan en qué y cómo se pueden invertir los dineros que ya no están, por gran dicha, en sus manos.