Comisión condena a Celso Gamboa por dudas y sospechas

Sobre el magistrado Celso Gamboa, la comisión que investigó el caso del Cementazo pide su destitución e inhabilitación por diez años, aunque admite que no pudo probar la mayoría de la acusaciones que se formulan en su contra. También pide sanciones contra los demás magistrados de la Sala III, contra cuatro diputados y otros funcionarios públicos.

El informe señala que no se pudo determinar cuál fue el objetivo del viaje que efectuó Gamboa a Panamá, supuestamente en compañía de Juan Carlos Bolaños, en octubre de 2016.

"No se conoce el motivo real del viaje que el magistrado Gamboa realizó a Panamá en compañía del señor Juan Carlos Bolaños, ni el contenido de su equipaje al regreso de dicho viaje, ni tampoco si ingresó al país con pasaporte diplomático u ordinario y las razones que mediaron para entrar con uno u otro documento", puntualiza el informe.

Dice también que no está claro el origen de los 130 millones de colones con que el magistrado compró un condominio en Playa Jacó.

Además, le acusa de haber intentado obstaculizar el trabajo de esa misma comisión legislativa al pedir a varios diputados que no lo llamaran a declarar. Gamboa había reconocido que efectuó esas llamadas porque no quería enfrentar públicamente asuntos de su vida privada que pudieran avergonzar a su familia.

 

Víctor Morales y Otto Guevara

A los diputados Otto Guevara y Víctor Hugo Morales, la comisión les solicita renunciar a su inmunidad para que sean investigados por su relación con Juan Carlos Bolaños y para determinar si algunas de sus acciones podrían constituir delito de tráfico de influencias.

Ambos diputados mantenían una cercana relación con el empresario. En el caso de Víctor Hugo Morales (independiente ahora, antes del PAC), se ha determinado que realizó gestiones para que Bolaños fuera recibido en varias ocasiones por funcionarios de la Casa Presidencial.  Guevara (Movimiento Libertario), por su parte, gestionó para que se atendieran sus requerimientos en el ministerio de Economía.

La comisión también pide profundizar investigaciones en el caso de los diputados Johnny Leiva (PUSC) y Rolando González (PLN) quienes habrían tenido reuniones con Bolaños para hablar sobre el tema de los cambios al reglamento para la importación de cemento.

 

Destitución de magistrados

El informe también censuró a los magistrados de la Sala III, pide que sean investigados y destituidos en los casos que amerite, por sus actuaciones en el caso que llevó a la desestimación de una causa por tráfico de influencias contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.

Dicha causa fue desestimada por la Sala III a petición del Ministerio Público alegando que no existían evidencias de una relación intensa entre dichos diputados y Juan Carlos Bolaños.

No obstante, el jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, reveló la existencia de un informe en que constan cerca de 800 llamadas entre estos diputados y el empresario.

"Esta Comisión reitera su criterio y valoración de los hechos aquí investigados en el sentido que las actuaciones de los magistrados ameritan una fuerte censura y la separación de sus cargos en los casos que lo ameriten", señalan los diputados.

En su comparecencia ante la comisión, los magistrados de la Sala III, entre quienes se encuentra el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, se negaron a declarar, alegando que tenían un impedimento legal para hacerlo porque existe una acusación en su contra ante el Ministerio Público.

Expertos han reconocido que los magistrados estaban en su derecho de negarse a declarar, como cualquier otro ciudadano sometido a investigación, pero niegan que existiera un impedimento legal para ello.