Presidente Solís rechaza imputaciones de la comisión legislativa sobre cemento chino

La comisión legislativa que investigó el caso conocido popularmente como “del cementazo” acusó al Poder Ejecutivo de “violaciones al deber de probidad”, y pidió la destitución del director de inteligencia y seguridad, Mariano Figueres, por hechos que la Presidencia rechazó "categóricamente" y que, asegura son afirmaciones sin fundamento.

En una primera reacción, el presidente Luis Guillermo Solís rechazó  el informe en lo que atañe a su gobierno y aseguró que las conclusiones de los diputados carecen de sustento probatorio.

La comisión le atribuyó al presidente Solís el haber influido para que se nombrara a Mario Barrenechea como gerente del Banco de Costa Rica, lo cual -aseguran- viola la Ley de Enriquecimiento Ilícito en cuanto al trato igualitario para todos los habitantes de la República, que esa normativa establece.

Asegura además que la Presidencia presionó al Ministerio de Economía para que acelerara la publicación de modificaciones al reglamento para la importación de cemento con el objetivo de favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños, actualmente en prisión preventiva.

Solís afirmó que, aunque ha apoyado sin objeciones el trabajo de la comisión legislativa, rechaza “de manera categórica” algunas conclusiones del informe “que carecen de todo fundamento”.

“Es absolutamente falso que el presidente de la República o el Consejo de Gobierno hayan instruido el nombramiento del Gerente General del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, y no hay ninguna prueba que lo sustente”, replicó el mandatario.

También niega que el director de Inteligencia y Seguridad, Mario Figueres, haya recibido un informe sobre Juan Carlos Bolaños de parte del anterior gobierno. Si tal informe existe “nunca fue entregado al señor Figueres ni a ningún otro miembro del actual gobierno. Es la pasada administración la que debe dar cuentas de dónde se encuentra dicho informe”, expresa un comunicado oficial.

Asimismo rechaza que la Casa Presidencial haya presionado a dependencias del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda para favorecer a Bolaños.

“Que quede muy claro: nunca he instruido a funcionario alguno para que viole el fundamento jurídico o interceda a favor de una empresa o persona en especial. Quien diga lo contrario falta a la verdad”, expresó Solís.