• Fuerte oposición del movimiento social contra cambios introducidos

Movimiento social convoca a defender el agua del zarpazo empresarial

Un conglomerado de organizaciones sociales denunció cambios ya introducidos por el sector empresarial de los agronegocios en complicidad con partidos políticos y sus fracciones parlamentarias y un paquete de mociones que conocerá este jueves el Plenario Legislativo, con el que consumarían “un zarpazo” al Proyecto de Ley de Manejo Integral del Recurso Hídrico convocado hoy en primer debate   

En el límite del plazo que tiene el Plenario para votar la ley de aguas, un acuerdo de diputados de varias fracciones y empresarios del sector de agronegocios, impulsarán un nuevo paquete de mociones que afectaría los acuerdos para el uso doméstico y de pequeños consumidores así como los controles sobre excavaciones de pozos y vertidos de aguas residuales de plantaciones agrícolas y aseguraría privilegios a los grandes consumidores de agua.

Un conglomerado de organizaciones ambientalistas y sociales convocó a las barras de la Asamblea Legislativa este jueves, en horas de la tarde, para presionar a los diputados e impedir que se consume lo que han calificado como “un zarpazo” al proyecto de ley impulsado por el movimiento social para proteger de manera adecuada los recursos hídricos de nuestro país.

Mediante una resolución, el Directorio Legislativo convocó el Proyecto del recurso hídrico a una sesión especial este jueves, que inicia a las 6:00 pm para retomar la discusión. A las 9:00 de la noche se darían por discutidas todas las mociones de fondo, posteriormente, a las 11:45 el Proyecto de ley se daría por discutido y se procederá a la votación.

Para dar un ejemplo de los cambios introducidos al proyecto de ley original en su largo periplo en el Congreso, el profesor universitario y especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot, analizó uno.

Se trata de la norma 3 inciso 35) que define: "Uso doméstico: agua destinada a satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o particular, incluido su uso, para satisfacer necesidades básicas de las fincas agropecuarias; en agricultura, para riego en un área no mayor a una hectárea (1 há); en ganadería en fincas de pequeños productores con extensiones menores a treinta y cinco (35 hectáreas) para suministro en abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos".

Sobre los alcances de esta modificación, explicó Sagot, se puede decir lo siguiente:

“a) Esta es una prueba más de que el proyecto ha sido manipulado por intereses de las Cámaras Agrícolas. b) Una hectárea, de ¿dónde sale esa área? Pero esas 35 hectáreas representan una área que violenta el principio de tutela científica, pues ha sido sacado discrecionalmente de la manga y ello también transgrede la racionalidad, puesto que no se justifica desde la ciencia y la técnica, que una finca de esas dimensiones sea beneficiaria para uso “doméstico”, donde se le tengan que dar muchos grandes beneficios en casos de crisis hídrica, por ejemplo.”

Agrega el especialista en derecho ambiental que “Pensemos que incluso ello puede perjudicar grandemente al derecho humano al agua para gente con un solo lote de 400 mts cuadrados, en zonas que viven en un gran verano, situaciones dramáticas” porque esta situación los pone en igualdad de condiciones con los grandes consumidores de agua.

“Ni la hectárea, ni las 35 tienen un sustento técnico y ello es inconstitucional. c) Ni las fincas que INDER da a los agricultores son de 35 hectáreas” señaló y consideró que de aprobarse esta norma en esos términos podría prestarse para que “lo anterior puede hacer que grandes fincas se subdividan en otras de 35 hectáreas para beneficiarse de ese uso doméstico.”

Sagot coincide con las organizaciones defensoras del agua y ambientalistas en que al hacer cambios sin base técnica ni científica, numerosos artículos de la ley quedaron en términos ambiguos que podrían ser sometidos a interpretaciones posteriores.