El Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José valoró además que los sindicatos cumplieron con las condiciones que establece la ley, como los porcentajes de participación y el agotamiento del diálogo.

Con este fallo, el Estado no podrá recuperar los 209.000 millones de colones que pagó a los maestros durante el periodo de huelga, y deberá asumir las costas legales del proceso, cuyo monto no ha sido estimado.

Un juez de primera instancia había decretado la ilegalidad de la huelga basado en que el movimiento no había sido pacífico, pues los educadores participaron en cierres de calles y carreteras como medidas de presión adicionales.

También argumentó este juez que la duración de la huelga (89 días) violó los principios de proporcionalidad y racionalidad, afectando los intereses de cerca de un millón de estudiantes que no pudieron terminar normalmente el curso lectivo.

La resolución del juez fue apelada por las organizaciones gremiales, por lo que el asunto pasó a manos del Tribunal de Apelación.

Según este tribunal el Estado no demostró fehacientemente la participación de los educadores en los cierres de carretera, ni se puede argumentar tampoco que se haya afectado un servicio esencial, pues la ley no incluye la educación pública en dicha categoría.

Además, argumentaron que la suspensión del servicio de comedores escolares para cerca de 80.000 alumnos de escasos recursos no puede ser achacada a los docentes, pues éstos no son responsables de brindar dicho servicio.

La huelga fue declarada a partir del 10 de setiembre pasado y se levantó el 7 de diciembre, pocos días antes del cierre del curso lectivo y el inicio de las vacaciones de fin de año.