Abrir monopolio de Recope no incidirá en precios más bajos para los combustibles

Eliminar el monopolio de los combustibles, como propone el grupo “Ya no más Recope” que promueve un referendo con ese objetivo, no garantiza que se rebaje el precio de los combustibles ni que haya libre competencia, advirtió este lunes la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

La propuesta “contiene ambigüedades y omisiones de carácter técnico y jurídico” que lejos de propiciar la competencia podría convertir el mercado de los combustibles en un monopolio u oligopolio privado, frente al cual el Estado no tendría capacidad para ejercer controles, señaló la presidenta de la institución, Sara Salazar.

“La promesa de una disminución en el precio para el consumidor no es real porque ya están regulados bajo el principio de servicio al costo y RECOPE ha consolidado un proceso que garantiza la compra de combustibles con los mejores precios de importación, principal componente del precio de venta local”, indicó la funcionaria.

Adicionalmente, con la apertura es de esperar que la rentabilidad de las empresas participantes aumente para satisfacer el lucro privado, agregó.

 

¿Convención colectiva?

El grupo que trabaja en la recolección de 165.000 firmas para convocar al referendo, argumenta que los altos precios de los combustibles son consecuencia del monopolio que ejerce Recope para la distribución de los hidrocarburos.

En particular señalan la convención colectiva de la institución como la generadora de los altos costos de funcionamiento de la institución.

No obstante, Recope asegura que los compromisos adquiridos en la convención colectiva con sus empleados solo representa el 1% del precio de venta de los combustibles.

“Además, la Convención Colectiva que rige desde julio del 2016 por primera vez se renegoció a la baja y cerró el año con una disminución en el costo del 5% respecto al 2015”, apuntó Salazar.

“Al hacer una comparación del nivel de las remuneraciones de RECOPE con el de la industria petrolera, utilizando datos de la encuesta elaborada por HAYS Oil & Gas, resulta que el salario anual promedio de RECOPE es 52% inferior al de América del Sur, que es la región relevante para Costa Rica”, señaló.

Sobre el tema de precios, también es oportuno considerar el criterio técnico de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según el cual la propuesta tarifaria que hace el proyecto de referéndum no beneficiaría al consumidor, sino a las empresas distribuidoras.

Entre las ambigüedades y omisiones del proyecto, Recope señala las siguientes:

 

Incongruencias

 

  1. No se establecen las condiciones bajo las cuales operarían las empresas que ingresen al mercado, a efecto de garantizar la continuidad y calidad en el suministro de los hidrocarburos, tal como lo ha hecho RECOPE por más de cinco décadas.

Tampoco se definen los mecanismos para garantizar la libre competencia. Este vacío conduciría a la conformación de un monopolio u oligopolio privado.

  1. No se dota a RECOPE de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas para participar en igualdad de condiciones en un mercado competitivo, dejándola en condición de desventaja y vulnerabilidad frente a posibles competidores.
  1. La propuesta le resta competencias a la ARESEP al establecer un precio máximo para los distribuidores de combustibles. Sin embargo, la ARESEP está obligada a fijar un precio único en estaciones de servicio, por lo que el consumidor no recibiría ningún descuento y de darse, los beneficiados serían los agentes o intermediarios que actúen en esta cadena.
  1. La propuesta no es compatible con la política de precio único en todo el país, por lo que sería de esperar que el precio aumente en aquellas regiones que se encuentren más alejadas de los centros de distribución.
  1. El proyecto otorga potestades a un “órgano superior del ente expropiador” (sin  definirlo), que podría imponer servidumbres y expropiaciones de terrenos particulares, cuando las empresas privadas lo requieran para desarrollar sus actividades. Esto desnaturaliza la figura jurídica de las expropiaciones, que en la actualidad solo aplica para la construcción de obras de propiedad pública.
  1. El traspaso de las servidumbres y del poliducto al MINAE, implicaría una pérdida patrimonial para RECOPE, además de que el poliducto no puede operar sin el resto de la infraestructura que compone el Sistema Nacional de Combustibles: Tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, planteles de distribución y ventas, y muelles petroleros.
  1. La propuesta no considera el pago de las deudas contraídas por RECOPE para el desarrollo de esa infraestructura. A esto se suma que no se define quién será el depositario de los ingresos derivados del canon por el uso del poliducto y el muellaje. En síntesis, se le quitan a RECOPE sus activos, pero se le dejan las deudas asociadas al desarrollo del Sistema Nacional de Combustibles.
  1. No se define responsable de la administración del puerto petrolero, ni del cobro de las tarifas de muellaje. Tampoco se define cómo se pagarán los créditos con los que se ha financiado esta infraestructura.
  1. Con la venta de acciones, el capital social de RECOPE pasaría de ser público a privado, con la particularidad de que no se establece la forma en que se realizaría la venta, la valoración de acciones y activos, ni el marco jurídico para esos efectos. El producto de la venta sería destinado a un fideicomiso y no a las actividades empresariales, privando a RECOPE de su capacidad para seguir operando.
  1. El destino de los recursos que generaría la venta de las acciones, será para el pago de las servidumbres del poliducto y la construcción de una facilidad portuaria en el Pacífico, sin que existan estudios técnicos que justifiquen la necesidad de dicha obra.
  1. Deja sin regulación las actividades de refinación, importación, transporte y distribución  ejercidas por sujetos privados, ya que la Ley Nº 6588 -que las regula-, es de aplicación exclusiva para RECOPE. Esto genera un vacío en el sistema de calidad y confiabilidad para la venta de productos, en detrimento del consumidor.
  1. Mientras que el proyecto se presenta como una apertura del monopolio del suministro de los derivados del petróleo, con el artículo 4 se habilita la imposición de servidumbres y expropiaciones para la exploración y explotación de petróleo y gas natural, cuando existe una ley específica que regula esas actividades.