La estrecha relación con la tierra y el cuidado de la naturaleza, rasgos característicos de su cultura, los ha hecho víctimas de la violencia de personas ajenas a la comunidad, según las tradiciones del pueblo Garífuna toda venta de tierras es ilegal, la propiedad del territorio es de dominio colectivo, nadie tiene derecho de vender ni comprar.

Eugenia Flores, víctima garífuna, de 31 años, madre de tres niños, aseguró ante los jueces que escucharon su testimonio que las invasiones se incrementaron a partir de 1994, cuando inició la construcción del proyecto turístico Marbella y han continuado, y en los últimos años incluso han recrudecido incorporando la violencia contra los ocupantes originarios.

Los territorios en manos de la comunidad se han reducido, solo queda la parte donde se encuentran nuestras casas todo lo demás ha sido tomado por los invasores, incluso los tres cerros que protegían a nuestra comunidad, los cerros Tigre, Izopo y Triunfo de la Cruz, donde está Miguel Facusé, dijo Flores.

A Facusé no lo conozco, solo he escuchado de él, de su poder económico y de la influencia que tiene en el país. Sé que tiene hombres fuertemente armados en mi comunidad que no nos dejan cruzar al lugar donde íbamos a buscar nuestra subsistencia, a la zona de agricultura no nos dejan pasar, dijo la víctima a los jueces de la Corte IDH.

Los conflictos que la presencia de hombres fuertemente armados han generado en la comunidad Garífuna llevan a encarcelamientos y amenazas constantes, asesinatos sin aclarar,  incertidumbre e inseguridad para los pobladores originarios, que ya no pueden vivir ahí.

Los garífunas son pueblos originarios, pregunto el representante del Estado. Flores respondió que, no podría decirlo así, “pero somos garífunas de San Vicente y llevamos más de 200 años viviendo ahí”. El representante limitó la presencia de garífunas a 160 o 170 años. “Sé que llevamos 216 años viviendo en toda la costa Atlántica de Honduras” le respondió la testigo.

Flores afirmó que ninguna de las numerosas gestiones realizadas ante el Estado hondureño ha sido efectiva. Reveló que el Estado no ha tenido ninguna presencia, no ha hecho estudios de impacto ambiental de las actividades que se realizan en la zona. Ni ha hecho ninguna consulta al pueblo garífuna sobre la situación que está viviendo.

Contrastando con el desinterés del Estado, el pueblo ha realizado innumerables demandas y denuncias, manifestaciones pacíficas y pedidos, a través de distintos canales para que se le devuelva su territorio, aseveró la testigo.

La presencia de estos  extraños ha traído mucho daño a la comunidad, a nuestros padres, hijos, a nuestra cultura, antes se llevaba a los niños y niñas a los trabajaderos que era donde nos enseñaban a cultivar, a hacer el trabajo diario, yo fui llevada por mi madre a cultivar y a pescar, describió Flores la vida de la comunidad.  

Antes cuando volvíamos a casa de trabajar teníamos todo lo que necesitábamos, no teníamos que emigrar para tener trabajo. Nuestros hijos que ahora se van vuelven con otra mentalidad, son individualistas, egoístas, tienen otro pensamiento, eso va a hacer que terminemos perdiéndolo todo hasta nuestra cosmovisión, agregó.

Los invasores, han construido inmensos muros de concreto por la zona de playa y la zona agrícola que no nos permiten desplazarnos por nuestro territorio, dijo.

Cuando preguntamos a los extraños que por qué hacen lo que hacen, dicen que tienen autorización de las autoridades, así es como han participado la Municipalidad y el Estado, permitiendo que hagan lo que quieran con nosotros. Nunca han detenido ni juzgado a nadie por sus crímenes.

Por el contrario hay muchos asesinatos de miembros de la comunidad entre los que recuerdo, Secundino Torres, Alfredo López, Teresa López y otros de los que no recuerdo sus nombres.

El representante del Estado hondureño señaló que los linderos del territorio fueron demarcados por funcionarios acompañados por guías de la comunidad que señalaron los límites. Desde entonces el Estado reconoce el territorio garífuna. Flores dijo que le entristece saber que de 2.800 hectáreas del territorio original quedan solo 240 hectáreas.

Medidas cautelares dictadas por la Corte no se cumplieron, dijo Flores. Todos los proyectos turísticos, residenciales y de palma aceitera continúan después de las medidas cautelares, y avaladas por la Municipalidad de Tela, incluso la creación de un patronato paralelo, la compra de tierras hasta por autoridades municipales, siguieron después de las medidas cautelares de la Corte Interamericana.

Lo que le pido a esta Corte, dijo la víctima Eugenia Flores, es que le sea restituido por completo su territorio a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, que se retiren y anulen todos los títulos de propiedad que existen sobre nuestra tierras en manos de los invasores y que dejen a nuestro pueblo guiarse de acuerdo a su cosmovisión.

Que la comunidad quede como estaba antes de la llegada de invasores y que estas personas se retiren de nuestros territorios, dijo la representante garífuna.

La audiencia pública para los miembros de la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz se efectuó en la mañana de este martes, en la sede de la Corte IDH, en San José, con el testimonio de una presunta víctima y un testigo propuestos por los representantes de los garífunas, un perito ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un declarante a título informativo ofrecido por el Estado hondureño.

Después de escuchar los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones finales de la Comisión, la Corte tendrá que resolver sobre el fondo y eventuales reparaciones.

Este caso revisa la responsabilidad de Honduras sobre violaciones de varios componentes del derecho a la propiedad de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, debido a que no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.

En San José se encuentra una delegación de los garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, del departamento de Atlántida en Honduras, y sus acompañantes político-jurídicos de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que se hizo presente en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).