El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde ayer para que el gobierno del presidente Donald Trump implemente parte de su veto migratorio pero suspendió la decisión del Ejecutivo de prohibir la entrada al país de refugiados que sean abuelos o tíos de personas que ya viven en territorio estadounidense.

De este modo, el alto tribunal concedió una victoria parcial al gobierno del líder republicano porque, aunque le permitió arrancar con su programa de restricciones migratorias, determinó que podrán seguir entrando a Estados Unidos los familiares cercanos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia), al menos hasta que se expida definitivamente la Corte de Apelaciones que debe decidir la cuestión.

El Departamento de Justicia estadounidense había presentado días atrás un recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo emitido por un juez federal de Hawaii, Derrick Watson, que había impuesto una medida cautelar para frenar el veto migratorio de Trump contra refugiados y ciudadanos de esos seis países musulmanes.

Ayer, el Tribunal Supremo especificó –en una breve orden judicial– que Trump sólo estará habilitado para prohibir el ingreso a territorio estadounidense de los refugiados e inmigrantes de dichos países que no tengan familiares directos en Estados Unidos, hasta tanto se establezca una decisión definitiva del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco (California).

Watson, el juez de Hawaii, además de intentar frenar el veto, había determinado que pueden entrar a Estados Unidos los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de los viajeros de las seis naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto migratorio.

El titular del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, señaló la semana pasada en un comunicado que el Tribunal Supremo debía corregir lo dicho por la corte inferior. “Ahora, regresamos a regañadientes directamente al Tribunal Supremo para reivindicar de nuevo el cumplimiento de la ley y el deber del poder Ejecutivo de proteger a la nación”, dijo.

Desde la entrada en vigor del veto de Trump, el 29 de junio, sólo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense. Excluidos de esa categoría de familiares cercanos quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podían servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada al país.

Sin embargo, esa distinción había sido considerada arbitraria por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y también por el propio estado de Hawaii, que el mismo día de la entrada en vigor del veto presentó un recurso ante el juez Watson.

En su fallo, Watson consideró que las distinciones del gobierno en cuanto a los familiares que pueden entrar o no a Estados Unidos representan un despropósito. “El sentido común dicta, por ejemplo, que la categoría de familiares cercanos incluya a los abuelos. De hecho, los abuelos son el epítome de los familiares cercanos. La definición del Gobierno les excluye, y eso simplemente no puede ser”, argumentó Watson.

En su recurso del viernes pasado, el Departamento de Justicia argumentó que el fallo de Watson vaciaba de contenido la decisión sobre familiares cercanos tomada por el Supremo, una instancia superior. La sentencia del juez Watson era especialmente importante porque cargaba con efectos a nivel nacional y, por tanto, reducía en todo Estados Unidos el alcance del veto migratorio, destinado impedir durante 120 días el ingreso de refugiados y, durante 90 días, el de los ciudadanos de los seis países de mayoría musulmana.

En un duro comunicado, el titular de Justicia de Estados Unidos consideró que el juez de Hawaii se extralimitó, abarcó poderes reservados a la rama Ejecutiva y socavó la seguridad nacional “al demorar una acción necesaria, creando confusión y violando el respeto a la separación de poderes”. La entrada en vigor del veto de Trump a fines de junio fue posible gracias a una decisión del Tribunal Supremo, que determinó que la medida podía implementarse de manera temporal hasta que los jueces estudiaran a fondo su legalidad.