El republicano anunció la medida el pasado 9 de noviembre como parte de su demonización de la caravana de inmigrantes centroamericanos que lleva un mes de periplo y cuyos integrantes tratan de pedir protección en Estados Unidos. Al margen de tildar de “invasión” la caravana y endurecer los requisitos para solicitar asilo, Trump también ordenó el despliegue de más de 5.000 soldados en la frontera con México.

Dando la razón a grupos de apoyo a inmigrantes, el juez Jon Tigar esgrimió que la proclamación de Trump, aprobada tras las elecciones legislativas, vulnera la ley migratoria estadounidense, que permite pedir asilo a cualquier extranjero, independientemente de si entró o no legalmente al país. “Sea cual sea el alcance de la autorización del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, señaló Tigar, que fue nominado por el expresidente demócrata Barack Obama. En caso de estar plenamente vigente, la medida podría afectar a las cerca de 70.000 personas que cada año piden asilo en EE UU tras no haber podido acceder al país por los cruces fronterizos oficiales.

La suspensión ordenada por el juez tiene una vigencia de un mes. Previsiblemente, el Gobierno recurrirá ante un tribunal de apelación. Trump justificó la restricción al asilo en motivos de seguridad nacional. Es el mismo argumento que empleó en enero de 2017 cuando prohibió la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La Justicia tumbó ese veto y forzó al presidente a presentar dos versiones más rebajadas. La disputa acabó en el Tribunal Supremo, que el pasado junio apoyó al presidente republicano y consideró legal su última versión de veto migratorio.

La justicia, tanto de primera instancia como de apelaciones, también ha derogado en las últimas semanas el intento del mandatario de permitir la deportación de los llamados dreamers (soñadores), inmigrantes indocumentados que llegaron a EE UU cuando eran niños. La pugna también se encamina al Supremo, donde los cinco jueces conservadores ostentan la mayoría (frente a cuatro progresistas), lo que puede acabar beneficiando a Trump.