Dicho proyecto fue aprobado en setiembre del año pasado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso, tras un largo periodo de elaboración y de consultas, en el que la Defensoría de los Habitantes tuvo una activa participación, recordó Cordero a los legisladores.

“La Defensoría ha insistido en la necesidad de una pronta aprobación de esta normativa, dados los vacíos legales existentes en el país”, señala el defensor en una carta enviada al presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el diputado Enrique Sánchez Carballo.

 Los acontecimientos recientes en Costa Rica son indicadores de la imperiosa necesidad de contar con normativa integral en estos temas”, añade la misiva en alusión a las manifestaciones violentas protagonizadas por grupos xenófobos el fin de semana pasada  en San José.

De acuerdo con la Defensoría, las normas legales para la prevención y sanción de la discriminación, el racismo y la intolerancia, responden a estándares internacionales y constituyen “un imperativo” para el Estado costarricense, en razón de las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica en materia de derechos humanos.

 Agrega el defensor que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano, garantizado por la Constitución, aunque “no es un derecho irrestricto, pues los abusos que se cometan en su ejercicio pueden acarrear responsabilidades civiles y penales”.

 “Según el Plan de Acción de Rabat que define los elementos de los discursos de odio, éstas no son expresiones meramente ofensivas, sino aquellas que buscan hacer un daño, mediante la hostilidad, la discriminación y la violencia, hacia una persona o grupo de personas por pertenecer a un determinado grupo social o demográfico. Esas expresiones se consideran discursos de odio porque se dan en un contexto determinado, en el que ese daño, hostilidad, violencia o discriminación, se torna posible”, puntualiza.

 Son elementos particularmente relevantes para el discurso de odio el contenido del mensaje, su alcance, el estatus o la posición de quien realiza esas manifestaciones —en particular su reconocimiento en un grupo específico.

Otro de los principales vacíos que tiene actualmente la legislación nacional es la carencia de definiciones claras sobre el concepto de discriminación, así como sus diversas manifestaciones. El proyecto de ley incorpora las definiciones reconocidas internacionalmente para el racismo y la discriminación, contemplando una lista amplia de motivos prohibidos que se creen válidos para negar a las personas sus derechos. También se incorpora una definición clara de sus diversas manifestaciones — directa, indirecta, estructural y múltiple- y el concepto de acción afirmativa o positiva como mecanismo temporal que reconoce los efectos de la discriminación en la posibilidad de disfrute de los derechos humanos.

“Se reconoce que para un abordaje integral de la discriminación y el racismo como fenómenos sociales complejos, se requiere la participación tanto del Estado como de la sociedad en general, por lo que las disposiciones del proyecto vinculan a todas las instituciones públicas y al sector privado. Estas disposiciones se concentran en cuatro grandes ámbitos —trabajo, servicios de salud, educación y bienes y servicios- que han sido identificados a nivel internacional como aquellos en los cuales no debe permitirse la discriminación y racismo, por el vínculo que tiene con la generación de las capacidades y el acceso a las oportunidades para el pleno desarrollo de las personas”, concluye el defensor.